Un grupo de diputados nacionales de la oposición volvió a exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y presentó un proyecto de resolución para reclamar el cumplimiento integral de la normativa que garantiza recursos para las universidades públicas, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, y el fortalecimiento de las becas estudiantiles.

La iniciativa parlamentaria se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a implementar la Ley 27.795, aprobada por el Congreso y aún pendiente de aplicación plena por parte del Poder Ejecutivo.

El proyecto solicita que el Gobierno avance con el cumplimiento de los artículos vinculados a la actualización de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades nacionales, además de garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio y el sostenimiento de los programas de asistencia estudiantil.

Los legisladores sostienen que la falta de ejecución de la norma afecta el normal desarrollo de las actividades académicas y profundiza el deterioro presupuestario que vienen denunciando las universidades desde el inicio del actual mandato presidencial.

La presentación recibió el respaldo de las principales organizaciones sindicales del sector universitario. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezada por Walter Merkis, manifestaron su apoyo al reclamo y remarcaron la necesidad de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario público.

En la misma línea se expresó la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), que acompañó la iniciativa legislativa y reclamó la aplicación inmediata de la ley para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y asegurar la continuidad de las actividades académicas y de investigación.

El conflicto por el financiamiento universitario se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad educativa. Durante los últimos meses, rectores, docentes, nodocentes y estudiantes protagonizaron numerosas movilizaciones en defensa del presupuesto universitario y en rechazo al ajuste sobre el sistema de educación superior.

Con el respaldo de los gremios y el antecedente del fallo judicial favorable, los impulsores del proyecto buscan incrementar la presión política sobre la Casa Rosada para que avance en la implementación de una ley que consideran clave para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición de los ingresos de sus trabajadores.

Mientras tanto, el debate por el financiamiento educativo continúa ocupando un lugar central en la agenda legislativa y sindical, en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias y las disputas entre el Ejecutivo y distintos sectores de la comunidad universitaria.