La investigación apunta al Colegio Príncipe de Paz, de 19 y 60. Es cuestión de horas para reconstruir quiénes estaban a cargo y qué hicieron cuando Mía Belastegui pidió ayuda.

La historia que Mía Belastegui narró en Colegio de Espinas ya recorrió medios locales y nacionales. Miles de personas conocieron el dolor de una adolescente que atravesó años de hostigamiento, miedo y silencio. Lo que todavía no se había contado con toda claridad era dónde ocurrió ese calvario y quiénes eran los adultos que tenían la obligación de protegerla.

Una investigación periodística reconstruyó los años de cursada anteriores a su cambio de colegio y coloca bajo la lupa al Colegio Príncipe de Paz, ubicado en la zona de calles 19 y 60 de La Plata.

Ahora la institución deberá responder preguntas incómodas.

¿Quiénes estaban a cargo de Mía durante esos años?
¿Quién recibió sus pedidos de ayuda?
¿Quién conocía lo que estaba ocurriendo?
¿Quién decidió minimizarlo?
¿Quién permitió que una alumna sintiera que el baño era más seguro que el aula?
¿Y qué medidas tomó el colegio para evitar que el hostigamiento continuara?

El bullying no ocurre solamente por la crueldad de algunos alumnos. También se vuelve posible cuando los adultos callan, dudan de la víctima, relativizan el sufrimiento o protegen el prestigio institucional antes que a una menor.

La investigación ya se concentra en la estructura interna del establecimiento, los cargos docentes y de preceptoría, los cursos en los que estuvo la adolescente y las personas que tuvieron contacto directo con ella.

Es cuestión de horas para establecer con precisión quién era la educadora señalada en el relato, qué función cumplía y cuál fue su intervención durante los episodios que marcaron la vida escolar de Mía.

Pero la pregunta más grave no es solamente quién era.

La pregunta es si una persona que tuvo conocimiento del sufrimiento de una alumna, y no actuó como correspondía, puede seguir ocupando un lugar frente a chicos y adolescentes sin dar antes explicaciones públicas, institucionales y profesionales.

El Colegio Príncipe de Paz tiene derecho a responder. Sus autoridades y las personas involucradas también.

Pero ya no alcanza con el silencio.

Tampoco alcanza con borrar rastros, cerrar filas o esperar que el tiempo convierta el dolor de una menor en una anécdota vieja.

La historia fue escrita.

Los testimonios existen.

Los años de cursada pueden reconstruirse.

Los cargos pueden verificarse.

Y los responsables deberán explicar qué hicieron cuando una alumna necesitó que un adulto la defendiera.

La verdad siempre termina saliendo a la luz.

Y esta vez está golpeando la puerta del colegio.