La Justicia Federal ratificó el procesamiento de Julio Norberto Gutiérrez, titular de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y secretario general de la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central (UPSAP), en una causa que investiga una presunta maniobra destinada a reclamar de manera fraudulenta más de 720 millones de pesos a una empresa del sector.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que también confirmó el procesamiento de Juan Marcelo Soria, colaborador gremial de la organización sindical. Ambos están acusados de los delitos de estafa procesal y falsificación ideológica de documento.

Además, los camaristas mantuvieron el embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados mientras avanza la investigación judicial.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la firma Secar Security Argentina S.A., anteriormente conocida como Securitas, que cuestionó una ejecución judicial impulsada por UPSAP para reclamar supuestas deudas por aportes sindicales correspondientes al período comprendido entre 2018 y 2022.

Según la investigación, el reclamo original superaba los 410 millones de pesos por cuotas sindicales presuntamente impagas. Sin embargo, la incorporación de intereses y otros conceptos elevó la cifra reclamada a más de 720 millones de pesos.

Para la Cámara Federal, existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa procesal, que la documentación utilizada para respaldar la demanda presentaría inconsistencias relevantes. Los magistrados recordaron incluso que en una resolución anterior ya habían declarado inválido el certificado de deuda presentado por la organización sindical para iniciar la ejecución.

De acuerdo con la hipótesis judicial, los dirigentes habrían promovido el reclamo pese a contar con información que permitía verificar que los aportes exigidos ya habían sido abonados por la empresa. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran registros de transferencias bancarias que acreditarían pagos efectuados regularmente por la firma de seguridad al sindicato por los mismos conceptos que luego fueron incluidos en la supuesta deuda.

La resolución judicial también pone el foco sobre un certificado de deuda firmado por Gutiérrez y un acta de fiscalización suscripta junto a Soria, documentos que habrían servido para obtener medidas cautelares contra la empresa y que, según la sospecha de los investigadores, contendrían datos que no se correspondían con la realidad económica entre las partes.

Los jueces señalaron que las pruebas reunidas hasta el momento permiten advertir una “seria sospecha” sobre la existencia de una maniobra orientada a obtener una resolución judicial favorable mediante la utilización de documentación presuntamente irregular.

En contraste, la Cámara revocó el procesamiento del abogado Julio César Núñez, apoderado legal del sindicato. Los magistrados consideraron que, por ahora, no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal en la confección o generación de la documentación cuestionada, por lo que le dictaron la falta de mérito y ordenaron continuar profundizando la investigación respecto de su actuación.

La causa continúa en etapa de instrucción y deberá determinar si los elementos reunidos alcanzan para elevar el expediente a juicio oral o si surgen nuevas pruebas que permitan esclarecer definitivamente la existencia de la presunta maniobra denunciada.