La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a fortalecer la Marina Mercante argentina frente a los procesos de desregulación que impulsa el Gobierno nacional. La iniciativa propone la creación de un régimen especial para el transporte de cabotaje que permita mejorar la competitividad de la actividad sin afectar los puestos de trabajo ni resignar soberanía sobre las vías navegables del país.

La propuesta fue entregada al bloque de Unión por la Patria y cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores embarcados de la actividad marítima y fluvial, entre ellas el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, conducido por el capitán Mariano Moreno.

Desde la federación advirtieron que el sector atraviesa una situación crítica y manifestaron preocupación por las iniciativas oficiales orientadas a flexibilizar el régimen de cabotaje. Según sostienen, una apertura irrestricta del transporte marítimo y fluvial interno podría favorecer el ingreso de embarcaciones extranjeras en detrimento de la flota nacional, con consecuencias negativas sobre el empleo, la industria naval y la capacidad logística argentina.

Como respuesta a ese escenario, los gremios elaboraron un proyecto que contempla la creación del Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN), un instrumento que apunta a corregir las desventajas competitivas que enfrentan actualmente los buques de bandera argentina frente a las flotas de otros países de la región.

La iniciativa propone un esquema de incentivos y adecuaciones normativas que permitan reducir costos operativos sin recurrir a la sustitución de trabajadores nacionales ni a la pérdida de control sobre las actividades estratégicas vinculadas al transporte por agua.

Los dirigentes marítimos sostienen que la recuperación de una marina mercante fuerte resulta clave para el desarrollo económico del país, especialmente en un contexto donde la logística representa uno de los principales desafíos para la producción y las exportaciones. En ese sentido, remarcan que el fortalecimiento de la flota nacional permitiría mejorar la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales y generar nuevas oportunidades laborales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto establece que los buques incorporados al nuevo registro deberán operar con tripulación íntegramente argentina. Además, las relaciones laborales continuarán regidas por la legislación nacional y los convenios colectivos vigentes, garantizando la plena vigencia de los derechos laborales y la intervención de la justicia argentina ante cualquier conflicto.

La propuesta también contempla mecanismos específicos para reducir las asimetrías tributarias y regulatorias que actualmente afectan a los armadores nacionales. Según explicaron desde la Fe.Si.Ma.F., junto con el proyecto se presentó un estudio técnico que demuestra la viabilidad económica de la bandera argentina si se implementan herramientas que equilibren las condiciones de competencia con las flotas extranjeras.

Para los gremios del sector, el debate excede una discusión económica y se vincula directamente con la soberanía nacional. Por ello, sostienen que cualquier reforma destinada a modernizar la actividad debe preservar el empleo argentino, proteger los intereses estratégicos del país y garantizar que los ríos y mares continúen siendo operados bajo control nacional.

La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en un contexto de fuerte debate sobre el futuro de la Marina Mercante, una actividad considerada fundamental para el comercio exterior, la integración territorial y el desarrollo productivo de la Argentina.