La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Federal para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de aspectos centrales de la reciente Reforma Laboral, al considerar que las nuevas disposiciones comprometen recursos del sistema previsional para financiar mecanismos vinculados a las desvinculaciones laborales.

La presentación judicial apunta específicamente contra el artículo 76 de la Ley N.º 27.802 y el artículo 24 del Decreto 408/2026, normas que reglamentan la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta impulsada por el Gobierno nacional como alternativa al esquema tradicional de indemnizaciones por despido.

Desde el sindicato estatal sostienen que el nuevo sistema generará un fuerte impacto sobre las finanzas de la seguridad social al permitir que las empresas descuenten de sus contribuciones previsionales los aportes destinados al FAL. Según la interpretación de ATE, este mecanismo implica una transferencia de recursos que históricamente financiaban el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hacia un fondo destinado a cubrir compensaciones laborales.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la medida y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para jubilados y pensionados. “Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde”, afirmó el dirigente, quien consideró que la iniciativa profundizará los problemas de financiamiento que atraviesa el sistema previsional.

De acuerdo con los cálculos difundidos por la organización gremial, el esquema podría representar una reducción significativa de los ingresos de la ANSES si las empresas optan masivamente por adherir al nuevo fondo. En ese marco, ATE sostiene que el impacto económico afectaría la capacidad del Estado para sostener las prestaciones previsionales y avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones.

La demanda fue presentada bajo la modalidad de acción colectiva, con el objetivo de que una eventual resolución judicial tenga alcance sobre el conjunto de jubilados, pensionados y trabajadores aportantes al sistema previsional, más allá de los afiliados al sindicato.

Además, la organización solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del régimen.

En su presentación, ATE argumenta que las normas impugnadas vulneran garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, vinculadas a la protección de los trabajadores y la seguridad social. Asimismo, sostiene que podrían entrar en conflicto con diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico argentino, especialmente aquellos referidos a la protección de las personas mayores.

La causa abre un nuevo frente judicial sobre la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional y suma un capítulo más al debate sobre los alcances del Fondo de Asistencia Laboral, una de las herramientas más controvertidas incluidas en el nuevo marco normativo.