La investigación judicial sobre la administración de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) durante su intervención sumó un nuevo capítulo. El juez federal Sebastián Casanello dispuso embargos sobre bienes y cuentas vinculadas a una empresa contratada por la obra social y convocó a declaración indagatoria a exfuncionarios que estuvieron al frente de la entidad, en una causa que busca determinar el destino de más de 266 millones de pesos presuntamente desviados.

Entre los citados aparece Sergio Aguirre, titular de la firma HTECH Innovation y socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en otro emprendimiento privado. La Justicia investiga una serie de contrataciones realizadas por Osprera durante el período de intervención dispuesto por el Gobierno nacional y analiza si existieron irregularidades en la adjudicación de servicios informáticos y en los pagos efectuados por la obra social.

La medida también alcanza a Virginia Montero y Marcelo Petroni, quienes se desempeñaron como interventores de Osprera. Ambos deberán prestar declaración durante agosto, mientras que el magistrado ordenó además medidas patrimoniales preventivas sobre los involucrados para resguardar el eventual recupero de fondos en caso de comprobarse la maniobra investigada.

Según la hipótesis impulsada por la fiscalía, una parte importante de los recursos de la obra social habría sido canalizada a través de contrataciones que hoy se encuentran bajo sospecha. En ese contexto, los investigadores analizan movimientos bancarios, documentación contable y el destino final de los fondos transferidos.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es el crecimiento de HTECH Innovation tras su constitución. La empresa fue creada en 2024 y, según surge de la causa, comenzó a facturar a Osprera pocos meses después de su conformación. Los primeros comprobantes emitidos por la firma habrían estado dirigidos justamente a la obra social rural intervenida.

La pesquisa también puso bajo la lupa la evolución patrimonial de algunos de los involucrados. De acuerdo con las actuaciones judiciales, se evalúan adquisiciones de bienes realizadas durante el período en el que se concretaron los pagos cuestionados, con el objetivo de determinar si existe relación entre esos movimientos y los fondos investigados.

El expediente se desarrolla en paralelo a otras disputas vinculadas al control institucional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y de su obra social. En ese marco, la causa también incorporó líneas de investigación relacionadas con presuntas maniobras destinadas a influir en la conducción del gremio.

La denuncia que dio origen al expediente fue impulsada por el secretario general de UATRE, José Voytenco, quien mantiene una fuerte disputa con sectores que respaldaron la intervención de Osprera. La investigación continúa en etapa de instrucción y las declaraciones indagatorias previstas para agosto serán clave para determinar responsabilidades y definir los próximos pasos del proceso judicial.

Por el momento, no existen procesamientos ni condenas firmes. La Justicia deberá evaluar las pruebas reunidas para establecer si efectivamente hubo irregularidades en el manejo de fondos de una de las obras sociales más importantes del país, que brinda cobertura a cientos de miles de trabajadores rurales y sus familias.