El interventor mantuvo dentro de la obra social a funcionarios vinculados con la conducción sindical, pero ahora habría recibido la orden de desplazarlos. La convivencia entre el Gobierno y José Voytenco parece haber llegado a su límite.

La intervención de OSPRERA vuelve a crujir por dentro. Lo que durante meses funcionó como una extraña convivencia entre funcionarios del Gobierno nacional y hombres vinculados con la conducción de José Voytenco podría estar llegando a su final.

Según revelaron trabajadores de la propia obra social, el interventor César Augusto Lococo habría mantenido hasta ahora en lugares relevantes de la estructura a funcionarios designados o identificados con el sector de Voytenco. Pero esa tregua estaría a punto de quebrarse: fuentes internas aseguran que habría comenzado a circular un pedido para removerlos.

La pregunta que retumba en los pasillos es inevitable: ¿se terminó el pacto de convivencia entre Voytenco y el sector político referenciado en Eduardo “Lule” Menem?

No se trata de una obra social cualquiera. OSPRERA administra la cobertura sanitaria de cientos de miles de trabajadores rurales y sus familias, además de manejar una estructura económica y prestacional de alcance nacional. Esa magnitud explica por qué su conducción se convirtió en territorio de una feroz pelea sindical, política, empresarial y judicial.

UNA INTERVENCIÓN QUE CAMBIÓ DE MANOS, PERO NO DE SOSPECHAS

El Gobierno volvió a intervenir formalmente OSPRERA mediante el Decreto 127/2026, publicado el 4 de marzo, y designó a Lococo por un plazo inicial de 180 días. El decreto le otorgó las facultades de administración y ejecución correspondientes al Consejo Directivo y lo obligó a presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

La decisión llegó después de que la Cámara Federal revocara el fallo del juez Sebastián Casanello que había restituido temporalmente la conducción de la obra social al sector de Voytenco. De ese modo, la administración sindical volvió a ser desplazada y el Gobierno recuperó el control de OSPRERA.

Sin embargo, el cambio de interventor no habría implicado una limpieza integral de la estructura anterior. Por el contrario, trabajadores consultados aseguran que Lococo habría conservado a numerosos funcionarios vinculados con Voytenco.

En términos políticos, el mensaje resultaba difícil de disimular: mientras públicamente el Gobierno y la conducción de UATRE se enfrentaban, puertas adentro algunos sectores seguían compartiendo espacios de poder.

LA SOMBRA DE “LULE” MENEM

El nombre de Eduardo “Lule” Menem aparece desde hace tiempo vinculado periodísticamente a la disputa por OSPRERA. Distintos medios atribuyeron al operador político del Gobierno influencia sobre anteriores interventores y sobre decisiones tomadas dentro de la obra social.

Una investigación de La Nación informó que la Justicia ordenó analizar comunicaciones entre funcionarios, dirigentes sindicales y el anterior interventor Marcelo Petroni, a quien describió como un hombre ligado a Lule y Martín Menem. La causa investiga presuntas maniobras relacionadas con el control de la entidad.

Otras publicaciones difundieron mensajes atribuidos a Petroni en los que el exinterventor habría afirmado: “Nosotros somos Lule y Karina”. El contenido forma parte de las versiones incorporadas a la investigación judicial y fue utilizado por el sector de Voytenco para denunciar que la intervención respondía a intereses políticos.

Desde el Gobierno, en cambio, siempre se rechazó que los Menem controlaran la obra social.

Pero en OSPRERA las desmentidas oficiales nunca lograron apagar las versiones internas. La permanencia de funcionarios provenientes de la estructura de Voytenco bajo una intervención políticamente asociada al oficialismo alimentó la hipótesis de un reparto silencioso: unos controlaban formalmente la entidad y otros conservaban sectores administrativos y territoriales.

¿TREGUA, NEGOCIACIÓN O SOCIEDAD TRANSITORIA?

La convivencia no necesariamente significa una alianza política formal. También puede haber respondido a una necesidad operativa: OSPRERA posee delegaciones, personal, prestadores y circuitos administrativos en todo el país, por lo que desplazar de un día para otro a toda su estructura podía provocar una parálisis.

Pero la duración de esa convivencia abrió otro interrogante: ¿los funcionarios vinculados con Voytenco se quedaron porque eran necesarios o porque formaban parte de un acuerdo político?

La nueva versión interna agrega un elemento explosivo. Si Lococo efectivamente recibió instrucciones de removerlos, el Gobierno estaría dispuesto a terminar con el equilibrio que permitió hasta ahora administrar OSPRERA sin romper completamente los puentes con UATRE.

El desplazamiento podría representar una decisión de “liberación total” de la obra social por parte del oficialismo. O, por el contrario, una reacción frente a un Voytenco que ya no estaría dispuesto a aceptar un papel subordinado.

CONTRATOS MILLONARIOS Y UNA OBRA SOCIAL EN DISPUTA

Mientras la pelea política avanza, las decisiones económicas de la intervención siguen generando controversia.

En mayo de 2026, InfoGremiales publicó que Lococo había firmado un convenio con Reservin Patagonia SRL para tareas de recaudación e inspección. Según esa publicación, el contrato contemplaba un pago fijo de $68 millones mensuales, más un porcentaje variable sobre los fondos recuperados.

La contratación volvió a poner el foco sobre el destino de los recursos de una entidad que fue intervenida, precisamente, bajo el argumento de normalizar su situación económica, administrativa y prestacional.

El interrogante es cada vez más incómodo: ¿OSPRERA está siendo saneada o simplemente cambió el grupo que decide sobre sus contratos y su caja?

LOS AFILIADOS, ÚLTIMOS EN LA FILA

Mientras funcionarios, interventores, dirigentes gremiales y operadores políticos discuten cargos, contratos y áreas de influencia, los trabajadores rurales siguen esperando respuestas concretas sobre prestaciones, medicamentos, atención médica y continuidad de tratamientos.

La obra social se presenta institucionalmente como la cobertura de la familia rural y mantiene canales nacionales para consultas, medicamentos, discapacidad, enfermedades crónicas y tratamientos especiales.

Pero la verdadera normalización no se mide por la cantidad de funcionarios removidos ni por quién gana una oficina. Se mide por la rapidez con la que un afiliado consigue un medicamento, una prótesis, una autorización o una consulta médica.

Por eso, detrás de la guerra entre Menem y Voytenco existe una pregunta mucho más importante que todavía nadie responde: ¿quién está cuidando realmente la salud de los peones rurales?

HORAS DECISIVAS

Lococo se encuentra ahora frente a una definición política. Si mantiene a los funcionarios vinculados con Voytenco, confirmará que la intervención todavía necesita —o tolera— una convivencia con la vieja conducción.

Si los desplaza, quedará expuesto que el pacto, formal o informal, se terminó.

En los pasillos de OSPRERA ya no discuten si existe una interna. Discuten quién dará el primer golpe y quién se quedará finalmente con el control de una de las estructuras sindicales de salud más codiciadas del país.

Por ahora, los funcionarios callan, la intervención no informa y los trabajadores miran.

Pero algo parece haberse roto.

Y cuando se rompe un pacto alrededor de una caja de semejante tamaño, los próximos movimientos rara vez son administrativos.

Son políticos.