En el acto central de la Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, mantuvo un delicado equilibrio entre el respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei y la defensa de los reclamos históricos del sector agropecuario. Frente a un auditorio que celebró buena parte de sus definiciones, el dirigente destacó los avances macroeconómicos de la gestión libertaria, aunque insistió en la necesidad de garantizar por ley la eliminación definitiva de las retenciones y reclamó mayor inversión en infraestructura para el interior productivo.

El discurso se desarrolló en el marco del 160° aniversario de la SRA y con la presencia del Presidente, quien ingresó a la pista central ovacionado por los asistentes. En ese escenario, Pino dejó en claro que la entidad apuesta al diálogo con la administración nacional, aunque sin resignar sus demandas.

"La mirada de la Rural es optimista pero objetiva, crítica pero constructiva", sintetizó el titular de la entidad.

El aporte del campo y el reclamo por las retenciones

Pino destacó el peso del complejo agroindustrial en la economía argentina y sostuvo que durante la última campaña el sector generó más de 83.000 millones de dólares entre agricultura, ganadería y economías regionales.

Sobre esa base, renovó uno de los reclamos centrales del agro: la eliminación definitiva de los derechos de exportación. Recordó que, desde su implementación en 2002, las retenciones significaron una transferencia de aproximadamente 215.000 millones de dólares desde los productores hacia el Estado.

Si bien reconoció que durante la actual gestión ese peso tributario comenzó a reducirse, pidió avanzar un paso más.

"Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", afirmó, en referencia al compromiso oficial de iniciar una reducción progresiva del tributo desde 2027.

Respaldo al plan económico

El dirigente rural también dedicó varios pasajes a destacar los principales indicadores económicos de la administración Milei. Valoró la desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria, la reducción del riesgo país y el proceso de desregulación económica, al tiempo que consideró que esos factores comenzaron a generar mayor previsibilidad para la producción.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento del diálogo institucional entre el Gobierno y la Sociedad Rural.

Menos impuestos y más infraestructura

Pino aprovechó el acto para reclamar una reforma impositiva que alivie la carga sobre el sector productivo y pidió que los recursos recaudados regresen al interior en forma de obras públicas y servicios.

En particular, advirtió sobre el deterioro de la infraestructura rural, señalando la necesidad de modernizar rutas, caminos rurales, puertos y el sistema ferroviario para mejorar la competitividad y garantizar el acceso de las familias rurales a servicios esenciales como educación y salud.

Una defensa de la agenda ambiental con críticas al proyecto oficial

Uno de los tramos más llamativos del discurso estuvo vinculado a la sustentabilidad, un tema que suele generar diferencias con el discurso del oficialismo nacional.

Pino sostuvo que el crecimiento futuro del agro deberá apoyarse en una producción más eficiente y sostenible, ya que la expansión de la frontera agrícola encuentra límites ambientales, económicos y sociales.

También señaló que los mercados internacionales exigen cada vez más estándares relacionados con la huella de carbono, el uso responsable de los recursos naturales, el bienestar animal, la trazabilidad y la preservación ambiental, aspectos que, según afirmó, serán determinantes para acceder a nuevos mercados.

Sin embargo, cuestionó el proyecto de Ley de Carbono impulsado por el Gobierno y reclamó que la futura normativa garantice que los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos permanezcan en manos de los productores.

Según sostuvo, la captura de carbono, la conservación del suelo y otras prácticas ambientales constituyen un patrimonio privado de quienes trabajan la tierra y no deberían ser apropiadas por el Estado ni por otras jurisdicciones bajo el argumento del interés colectivo.

Con un discurso que combinó reconocimiento al rumbo económico y firmeza en los reclamos sectoriales, la Sociedad Rural volvió a marcar su posición frente al Gobierno: respaldo a las reformas económicas, pero con la expectativa de que la agenda pendiente para el campo se traduzca en medidas permanentes y seguridad jurídica para la producción.