El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a encender las alarmas por la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales sindicales. Durante la reunión del jueves, el dirigente José Luis Lingeri fue el encargado de exponer un diagnóstico que calificó como “grave” y, en algunos casos, “casi terminal”.

El encuentro abordó cuatro ejes principales: la situación judicial de los amparos contra la reforma laboral —con exposición del abogado Pablo Topet—, la organización del acto por el Día del Trabajador, el reclamo por cuotas gremiales impagas y el estado de las obras sociales. Sin embargo, el debate se tensó cuando se coló la discusión salarial.

Tensión por paritarias y reclamos internos

Un sector de sindicatos presionó para que la CGT adopte una postura más firme en defensa de paritarias libres. El planteo generó cruces internos, especialmente tras la intervención de un dirigente de peso que, sin integrar el triunvirato, tiene fuerte influencia en la central.

“La CGT no está para esos reclamos, son sectoriales. Y además, para reclamar, primero hay que ponerse al día con las cuotas”, lanzó, en alusión a las deudas que varios gremios mantienen con la central.

El malestar responde a que numerosos sindicatos se acogieron al plan de pagos lanzado el año pasado para participar del Confederal, pero luego incumplieron la moratoria, mientras otros continúan abonando regularmente.

Obras sociales en crisis estructural

El punto más preocupante de la reunión fue el informe presentado por Lingeri sobre el sistema de salud sindical. Allí se advierte que “la situación económica financiera general está viviendo una crisis grave” que, para muchas organizaciones, implica la imposibilidad de garantizar prestaciones básicas.

El esquema actual —financiado con el 9% del salario— enfrenta una fuerte pérdida de poder adquisitivo, estimada en torno al 30%, a lo que se suma el incremento sostenido de los costos médicos, muy por encima de la inflación.

Según los datos expuestos, la recaudación promedio del sistema se ubica en $67.525 por beneficiario, mientras que el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) ronda los $85.000 per cápita, es decir, cerca de un 25% por encima de los ingresos.

Además, más de 9 millones de afiliados —el 67% del total— se encuentran por debajo de ese promedio de recaudación, lo que agrava el desfinanciamiento.

Brecha con PAMI y presión de nuevos afiliados

El informe también remarca la desigualdad en las transferencias del PAMI, que paga alrededor de $48.269 por afiliado a las obras sociales, muy por debajo de los aproximadamente $159.000 que recauda por cada beneficiario.

A este escenario se suma el impacto de los monotributistas, un universo en crecimiento durante la gestión de Javier Milei. Según la CGT, este segmento aporta cerca de $20.000 mensuales, una cifra que resulta hasta un 290% inferior al costo del PMO.

“El sistema debe absorber además una población con mayor carga de enfermedad, lo que incrementa aún más los costos”, advierte el documento.

Un problema sin solución a la vista

La dirigencia sindical coincide en que el déficit de las obras sociales es un problema estructural que se arrastra desde hace años, vinculado a la deuda de distintos gobiernos con el sistema.

Sin medidas de fondo, en la CGT temen que la crisis continúe profundizándose y derive en un deterioro aún mayor de las prestaciones de salud para millones de trabajadores y jubilados.