El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a un planteo del Gobierno nacional y se declaró competente para intervenir en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, en una decisión que abre un frente clave sobre qué fuero debe resolver la constitucionalidad de la ley.
La resolución fue firmada por la jueza Macarena Marra Giménez, quien admitió la inhibitoria presentada por el Estado a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Disputa por la competencia
El objetivo del Gobierno de Javier Milei es desplazar la causa del fuero laboral, donde la CGT había presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 contra distintos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Según argumentó el Ejecutivo, el caso debe tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal porque está dirigido contra el Estado Nacional y aborda cuestiones de derecho público.
Además, el planteo oficial se apoya en el artículo 79 de la propia reforma, que establece que los conflictos en los que el Estado sea parte deben tramitar exclusivamente en ese fuero, excluyendo a la Justicia laboral.
Argumentos del fallo
En su resolución, la magistrada consideró que la demanda de la CGT no refiere a un conflicto individual o colectivo concreto entre trabajadores y empleadores, sino a un cuestionamiento general sobre la validez constitucional de una norma sancionada por el Congreso.
En ese sentido, sostuvo que corresponde aplicar normas de derecho público, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.
Próximos pasos
El fallo ordena remitir un oficio al Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 para que se inhiba de seguir interviniendo o, en su defecto, eleve el expediente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que dirima el conflicto de competencia.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo aún puede apelar la decisión.
Un escenario judicial abierto
La resolución abre una nueva instancia de disputa en torno a la reforma laboral, ya no centrada en su contenido sino en qué tribunal debe definir su constitucionalidad.
La definición sobre la competencia será determinante para el futuro de las múltiples presentaciones judiciales impulsadas por sindicatos y organizaciones laborales contra la normativa impulsada por el Gobierno nacional.
