El Gobierno nacional avanzó con una sanción sin precedentes contra el sindicato ferroviario La Fraternidad, al imponerle una multa superior a los $21.000 millones por considerar que incumplió la conciliación obligatoria al adherir al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, y alcanza un monto total de $21.241.500.000, una cifra que desde el sector sindical califican como “impagable” y orientada a forzar la asfixia económica de la organización.

Según argumentó la cartera oficial, el gremio incumplió la conciliación obligatoria dictada el pasado 5 de febrero, en el marco de lo establecido por la Ley 14.786. Esa normativa establece que las partes deben abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al inicio del conflicto mientras dura el proceso conciliatorio.

Desde el Gobierno señalaron que la adhesión al paro afectó la prestación del servicio ferroviario y generó perjuicios al “interés general”. En ese sentido, calificaron como “grave” la conducta del sindicato y justificaron la sanción en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

La resolución fue firmada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, tras un sumario administrativo iniciado en marzo, semanas después de la medida de fuerza.

Sin embargo, desde el ámbito gremial cuestionan con dureza la decisión oficial y advierten que se trata de un antecedente inédito. Sostienen que la jurisprudencia laboral histórica establece que no es posible aplicar conciliación obligatoria a un paro general, especialmente cuando la medida responde a un conflicto de alcance nacional y no a una disputa sectorial específica.

En ese marco, interpretan la multa como una señal de disciplinamiento hacia el movimiento obrero, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos por las políticas laborales y económicas.

El conflicto abre un nuevo frente en la relación entre la administración de Javier Milei y las organizaciones gremiales, que ya anticipan una escalada judicial y política frente a lo que consideran una avanzada contra el derecho de huelga.