La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió quedarse con la causa por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en un fallo exprés que revierte el criterio del fiscal general y desplaza a la Justicia Nacional del Trabajo de la definición del expediente.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del tribunal, con las firmas de los jueces Rogelio W. Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, quienes determinaron que la acción de inconstitucionalidad presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley 27.802 debe tramitar en el fuero contencioso administrativo federal.

El fallo contradice el dictamen del fiscal general, que había recomendado que la causa continuara en el ámbito laboral. Sin embargo, los camaristas consideraron que la competencia corresponde al fuero federal, en base a la aplicación inmediata del artículo 79 de la propia ley cuestionada, que establece que los casos laborales donde el Estado nacional sea parte deben ser tratados en ese ámbito.

La resolución se dio en el marco de un conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12. En su fallo, la Sala IV también cuestionó el procedimiento adoptado por el juzgado laboral, al que calificó de “irregular” por no haber remitido el conflicto directamente a la cámara correspondiente.

En el análisis de fondo, los jueces sostuvieron que la modificación introducida por la Ley 27.802 es de orden público y, por lo tanto, de aplicación inmediata. En ese sentido, rechazaron el planteo del fiscal que proponía postergar su implementación hasta la transferencia de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, consideraron que el caso no se limita exclusivamente al derecho del trabajo, sino que involucra “cuestiones eminentemente federales”, como el funcionamiento de organismos estatales y la facultad del Congreso para definir competencias judiciales.

Como respaldo, el tribunal citó el antecedente “Rizzo” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el que se establece que no existe en la órbita federal de la Ciudad de Buenos Aires un fuero laboral específico.

Con esta decisión, el expediente deberá continuar en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, que ya había aceptado la inhibitoria planteada por el Estado nacional. El fallo representa un revés para la CGT, que había impulsado la acción judicial para frenar la reforma laboral promovida por la gestión de Javier Milei.

La definición sobre la competencia no es un dato menor: podría incidir directamente en el futuro de la medida cautelar que actualmente mantiene suspendidos algunos artículos de la reforma, y en el rumbo general del litigio que enfrenta al movimiento obrero con el Gobierno.