El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos sumó un paso decisivo tras la aprobación del modelo de contrato que regirá la futura concesión del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece el marco legal para avanzar con la transferencia de la empresa al sector privado. La iniciativa se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742 y el Decreto 494/2025, que habilitaron la venta del paquete accionario.

El esquema prevé la cesión de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública, mientras que el resto podrá ser colocado en el mercado de capitales. De este modo, se configura un modelo mixto que combina control privado con participación abierta a inversores.

Desde el Gobierno señalaron que la aprobación del contrato no implica aún la venta, sino la definición de las reglas que ordenarán la futura concesión. El documento fija derechos y obligaciones tanto para el Estado como para el eventual concesionario, y busca otorgar previsibilidad al servicio.

Entre los puntos centrales del nuevo esquema se destacan los compromisos de inversión, la expansión de la red y la sustentabilidad financiera del sistema. Estos aspectos estarán vinculados al primer ciclo tarifario previsto entre 2027 y 2031, lo que anticipa un debate sobre el impacto en las tarifas.

Además, la empresa deberá cumplir con metas establecidas en el plan de transición vigente, que luego serán incorporadas al contrato definitivo. Según el Ejecutivo, el proceso se llevará adelante bajo criterios de transparencia, competencia y eficiencia, garantizando la continuidad del servicio.

La iniciativa reabre una discusión histórica en torno al rol del Estado en la gestión de servicios esenciales, particularmente en el acceso al agua y saneamiento. Mientras el Gobierno apuesta a atraer inversiones y mejorar la eficiencia operativa, sectores políticos y sociales advierten sobre los riesgos de trasladar estos servicios a una lógica de mercado.

Con el contrato aprobado, el próximo paso será avanzar en el proceso licitatorio para definir al operador que quedará a cargo del servicio en una de las áreas más densamente pobladas del país.