Las centrales sindicales Central de Trabajadores de la Argentina y CTA Autónoma expresaron su “más enérgico rechazo” ante el desfinanciamiento y eventual cierre del Plan Remediar, al que consideran una herramienta clave para garantizar el acceso a medicamentos esenciales en todo el país.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que la medida, en el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, “constituye un ataque directo a la vida y a la dignidad de millones de personas que dependen de la salud pública”. En ese sentido, remarcaron que el acceso a medicamentos “es un derecho y no un negocio”.
Un programa clave en riesgo
El Plan Remediar fue creado en 2002, en medio de la crisis socioeconómica, con el objetivo de asegurar la provisión gratuita de fármacos esenciales a través de centros de atención primaria. Durante más de dos décadas, permitió la distribución de botiquines en todo el país, especialmente para personas sin cobertura médica, además de generar ahorro estatal mediante compras centralizadas.
Sin embargo, las CTA denunciaron que el recorte presupuestario ya está generando consecuencias concretas: reducción del vademécum, demoras en la entrega de insumos y la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y asma.
Impacto sanitario y social
Desde las centrales sindicales advirtieron que este escenario incrementa el riesgo de internaciones evitables y recarga el sistema hospitalario público, que ya enfrenta altos niveles de demanda.
“El cierre definitivo del Plan Remediar profundizaría la desigualdad y dejaría el derecho a la salud condicionado a la capacidad de pago”, señalaron, y calificaron la situación como un caso de “crueldad institucionalizada”.
Convocatoria y plan de acción
Frente a este panorama, ambas CTA convocaron a gobernadores, legisladores y organizaciones sociales y sindicales a pronunciarse en defensa del programa. Además, anunciaron el lanzamiento de una campaña nacional para visibilizar el conflicto y exigir la restitución urgente de los fondos necesarios.
El reclamo se suma a otras tensiones en el ámbito sanitario y social, en un contexto donde distintas organizaciones advierten sobre el impacto del ajuste en políticas públicas sensibles y en el acceso a derechos básicos.
