El conflicto por el presupuesto universitario sumó un nuevo capítulo judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades públicas del país, decidió apelar la resolución del juez Martín Cormick, quien suspendió de manera provisoria la ejecución de una medida cautelar que obligaba al Estado nacional a garantizar el financiamiento del sistema.

La decisión judicial, adoptada días atrás, dejó en suspenso la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una apelación presentada por el Gobierno. Para los rectores, se trata de una resolución que dilata el cumplimiento de obligaciones clave vinculadas al presupuesto y los salarios del sector.

En un escrito encabezado por el presidente del CIN, Franco Bartolacci, las autoridades universitarias cuestionaron la medida por considerarla carente de sustento jurídico. Además, recordaron que la cautelar había sido previamente concedida por el propio Cormick y ratificada en segunda instancia por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Desde el sistema universitario remarcaron que el Poder Ejecutivo aún no cumplió con la actualización de partidas presupuestarias ordenada por la Justicia. En ese marco, habían solicitado la ejecución de la cautelar con mecanismos de presión, como la aplicación de multas diarias por incumplimiento e incluso la eventual intervención de la justicia penal ante un posible delito de desobediencia.

El trasfondo del conflicto radica en la aplicación de los artículos centrales de la ley, que establecen la actualización de los salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada, así como la revisión periódica de paritarias. Estas medidas también impactan en el valor de las becas estudiantiles.

La controversia se intensificó luego de que la Cámara de Apelaciones habilitara la aplicación de la norma, pero el juzgado de primera instancia resolviera posteriormente frenar su ejecución de forma temporal. Para las universidades, esta decisión introduce un factor de incertidumbre en un contexto de fuerte deterioro presupuestario.

Mientras se aguarda la definición de la Corte Suprema, desde el ámbito académico insisten en la necesidad de que el Gobierno transfiera los fondos correspondientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones, el pago de salarios y la continuidad de las actividades en todo el sistema universitario público.