En medio de la disputa judicial por la reforma laboral, el fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) debe tramitar en el fuero laboral y no en el contencioso administrativo.

El pronunciamiento se da en el marco de un conflicto de competencia entre juzgados, luego de que la central obrera presentara una acción de inconstitucionalidad contra más de 80 artículos de la Ley 27.802, normativa que introdujo cambios en pilares del sistema laboral argentino, incluyendo la Ley de Contrato de Trabajo y el régimen de asociaciones sindicales.

En su dictamen, Cuesta sostuvo que el caso debe ser abordado por la Justicia Nacional del Trabajo debido a la naturaleza de los derechos en juego. Argumentó que se trata de cuestiones propias del derecho laboral —tanto individual como colectivo—, que requieren ser analizadas bajo los principios específicos de esa rama, y no desde una óptica administrativa.

El eje del conflicto radica en la interpretación de la modificación del artículo 20 de la Ley 18.345, incorporada por la reforma, que asigna al fuero contencioso administrativo las causas laborales en las que intervenga el Estado nacional. Sin embargo, el fiscal consideró que esa disposición aún no resulta aplicable de manera efectiva.

Para fundamentar su postura, señaló que la propia Ley 27.802 condiciona la vigencia de ese cambio a la implementación de un acuerdo de transferencia de competencias judiciales hacia la Ciudad de Buenos Aires, proceso que todavía no fue completado. En consecuencia, concluyó que la modificación legal no puede ser utilizada, por ahora, para desplazar la competencia del fuero laboral.

El expediente se originó a partir de una acción declarativa presentada por la CGT, que busca frenar la aplicación de artículos centrales de la reforma por considerarlos inconstitucionales. La causa ya había generado decisiones contrapuestas: mientras un juzgado laboral rechazó ceder la competencia, un tribunal contencioso administrativo había aceptado intervenir.

Ahora, el dictamen del Ministerio Público Fiscal —que no es vinculante pero sí influyente— quedó en manos de la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá resolver el conflicto. La decisión será clave no solo para este caso, sino también para definir el criterio en futuras disputas judiciales derivadas de la implementación de la reforma laboral.

El fallo que adopte la Cámara también impactará sobre la medida cautelar vigente en el expediente, que suspendió parcialmente la aplicación de los artículos cuestionados, y marcará un precedente relevante en la reorganización del mapa judicial en materia laboral en la Argentina.