El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la emergencia salarial en el presupuesto 2026 y reclamó al Gobierno nacional la aplicación efectiva de la ley vigente de financiamiento universitario, ante el deterioro de los ingresos de docentes, nodocentes y profesionales de la salud que trabajan en la institución.
La resolución fue aprobada de manera unánime por el órgano de gobierno de la universidad y alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, además de los profesionales de la salud que se desempeñan en los hospitales universitarios, así como al personal vinculado con tareas de investigación y extensión.
Reclamo por el financiamiento
Desde la universidad señalaron con preocupación que el presupuesto nacional 2026 no contempló lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, ni prevé la actualización necesaria para cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio.
En ese contexto, el Consejo Superior solicitó a los ministerios de Ministerio de Capital Humano de Argentina y Ministerio de Economía de Argentina una actualización urgente del presupuesto, en línea con la inflación, especialmente en las partidas destinadas al funcionamiento de la universidad y a la atención sanitaria.
La normativa, aprobada en dos oportunidades por el Congreso de la Nación Argentina, tiene como objetivo garantizar el financiamiento del sistema universitario nacional y la recomposición salarial de sus trabajadores.
Además, establece como destinos prioritarios de los recursos la mejora de la infraestructura universitaria, el fortalecimiento de becas estudiantiles, el financiamiento de colegios preuniversitarios y el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.
Acciones judiciales
Según recordó la resolución, en octubre de 2025 la universidad ya había solicitado al Poder Ejecutivo Nacional de Argentina la promulgación y ejecución de la ley. Sin embargo, al no haberse cumplido ese requerimiento, distintas universidades nacionales —entre ellas la UBA— avanzaron con acciones judiciales para exigir su implementación.
Desde la institución remarcaron que la aplicación de la norma permitiría contar con un presupuesto adecuado para sostener las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario público.
El rol de los hospitales universitarios
La UBA también destacó la labor asistencial que desarrolla a través de seis hospitales e institutos universitarios, donde se brinda atención de alta complejidad a miles de pacientes cada año.
Estos centros cumplen además un papel central como hospitales escuela, ya que allí se forman profesionales de la salud, se desarrollan residencias médicas y se llevan adelante proyectos de investigación científica.
Universidades públicas estratégicas
Finalmente, la resolución subrayó que las universidades públicas argentinas cumplen un rol estratégico en la formación de profesionales clave para el país, ya que gradúan casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios.
“Promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado”, señalaron desde la UBA, al tiempo que remarcaron la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional para garantizar el financiamiento del sistema universitario y sostener su aporte al desarrollo científico y tecnológico del país.
