Lunes 2 de Marzo de 2026

Gremiales | 02 de marzo

Denuncian amenazas, despidos y persecución sindical contra trabajadores jerárquicos de empresas de recolección de residuos

La Asociación Gremial del Personal Superior Jerárquico y de Control de Empresas de Levantamiento y Recolección de Residuos denunció una fuerte ofensiva antisindical por parte de las principales firmas del sector, a las que acusó de aplicar amenazas, sanciones y despidos contra trabajadores que buscan organizarse gremialmente.

En una manifestación pública realizada durante un congreso de residuos detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, el sindicato apuntó directamente contra las empresas CLIBA, NITTIDA, ASCHIRA, SOLBAYRES y AESA, además de responsabilizar a la Cámara de Empresas de Servicios Ambientales (CADESA) por impulsar “una política sistemática de persecución sindical”.

“Nos persiguen por organizarnos”

Nos persiguen por organizarnos, nos sancionan por reclamar y nos despiden por pensar distinto. Pero no van a lograr acallar a quienes defendemos la dignidad del trabajo jerárquico”, expresó la organización gremial a través de un comunicado.

Los dirigentes también advirtieron que las compañías cuentan con el aval implícito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene contratos millonarios con las prestatarias del servicio de higiene urbana.
Estas prácticas se desarrollan bajo la mirada cómplice del Gobierno porteño, que financia a estas empresas con fondos públicos mientras guarda silencio ante los atropellos laborales cometidos contra su propio personal de confianza”, denunciaron.

Reclamo por libertad sindical

Desde la Asociación Gremial reclamaron la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos y el cese de las represalias contra quienes intentan afiliarse o participar de actividades gremiales.
Las empresas deben saber que recolectan residuos, no derechos. Si siguen negándose al diálogo, seguiremos exponiendo públicamente cada práctica desleal y cada atropello que sufran nuestros compañeros”, advirtieron.

 

El conflicto pone en evidencia la tensión creciente entre los trabajadores jerárquicos y las concesionarias privadas de la recolección de residuos, en un sector históricamente marcado por la fragmentación sindical y la falta de reconocimiento de nuevas representaciones laborales.

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