En la antesala de un paro de 36 horas con movilización, la tensión entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno nacional se profundizó luego de que trascendiera la posibilidad de que no se abonen en forma completa los salarios de febrero a empleados de la Administración Pública Nacional.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que la decisión implicaría dejar de pagar adicionales salariales —como el premio por asistencia— lo que en los hechos representaría una rebaja de ingresos superior a los 50 mil pesos por trabajador.

“Se trata de una medida inédita. Todos los conceptos forman parte del salario y deben abonarse en tiempo y forma”, sostuvo el dirigente, quien acusó al Ejecutivo de haber clausurado la discusión paritaria y de incumplir el compromiso de retomar las negociaciones tras el cuarto intermedio acordado a fines de diciembre.

Desde el sindicato advirtieron que el congelamiento salarial vigente desde diciembre de 2025 ya deterioró fuertemente el poder adquisitivo del sector público. Según estimaciones gremiales, los haberes estatales acumulan una pérdida superior al 45% durante la gestión del presidente Javier Milei.

La protesta de ATE se enmarca además en el plan de lucha impulsado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a más de un centenar de organizaciones gremiales en rechazo a la reforma laboral que volverá a debatirse en el Senado esta semana.

“Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”, afirmó Aguiar, quien cuestionó el tratamiento parlamentario del proyecto. “No podemos permitir que el Senado funcione como una escribanía”, expresó, al convocar a reforzar la huelga prevista.

El gremio sostiene que la eventual reducción de salarios no solo impactará en los trabajadores sino también en la calidad de los servicios públicos. “No vamos a tolerar un nuevo recorte”, remarcaron desde ATE, mientras exigen la reapertura inmediata de paritarias y el cumplimiento íntegro de las obligaciones salariales.

En este escenario, el paro de 36 horas aparece como un nuevo capítulo en la creciente confrontación entre el Gobierno y los sindicatos estatales, en un contexto marcado por la discusión de la reforma laboral y el deterioro de los ingresos frente a la inflación.