Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la denominada Ley de Modernización Laboral, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo expresó un enérgico rechazo a la norma y advirtió que llevará el reclamo a la Justicia por considerarla inconstitucional.

El gremio, conducido por el Capitán Mariano Moreno, integra la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF) y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Durante el tratamiento del proyecto en Diputados, la organización realizó un paro nacional con movilización que paralizó actividades fluviales, pesqueras y marítimas en distintos puntos del país.

Críticas al Congreso y advertencia judicial

Moreno fue categórico al cuestionar la votación parlamentaria. “El Congreso votó en contra de los trabajadores, de sus derechos y de sus familias. Han convertido a la clase trabajadora en futuros pobres y precarizados”, afirmó.

El eje del conflicto para el sector marítimo radica en la exclusión de los navegantes de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), lo que —según denunciaron— implica la pérdida de derechos mínimos y de la instancia de resolución judicial laboral específica.

“Nos han desconocido y menospreciado. Excluirnos de la LCT es dejarnos sin la red de contención legal que protege a cualquier trabajador”, sostuvo el dirigente, y alertó que la medida pone en riesgo la dignidad y la seguridad de las tripulaciones de la Marina Mercante nacional.

El conflicto continúa

Pese al revés legislativo, el sindicato adelantó que profundizará el plan de lucha y que trasladará la disputa a los tribunales. “No bajaremos los brazos ni abandonaremos la lucha en la calle. Esta discusión continuará porque es injusta, inconstitucional y prepotente”, afirmó Moreno.

En un mensaje directo a los legisladores que acompañaron la iniciativa oficialista, el titular del gremio advirtió que “cada despido y cada empresa que cierre tendrá nombre y apellido”, responsabilizando políticamente a quienes votaron la reforma.

La reacción del Centro de Patrones se suma a la de otros sectores sindicales que anticiparon medidas de fuerza y acciones judiciales frente a una norma que, sostienen, altera de manera estructural el marco de derechos laborales vigente.