La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal dejó sin efecto la resolución del juez federal Sebastián Casanello que había ordenado el levantamiento de la intervención en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y la restitución de su titular, José Voytenco, al frente de la entidad.

Con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah, el tribunal hizo lugar a la apelación presentada por el dirigente rural Marcelo Andrada y ordenó restablecer de inmediato la intervención en la obra social.

La decisión no solo revierte el escenario abierto semanas atrás, sino que además vuelve a poner el foco en la situación patrimonial de Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). En su resolución, la Cámara remarcó que existen elementos que ameritan profundizar la investigación sobre un patrimonio que podría resultar “incompatible con los ingresos lícitos” del dirigente. Entre los bienes señalados figura un inmueble ubicado en el partido bonaerense de Cañuelas.

El fallo repuso la medida cautelar que había dado origen a la intervención y volvió a inhibir a Voytenco mientras continúe el proceso judicial. Para los camaristas, los riesgos procesales que motivaron la intervención original no desaparecieron, por lo que corresponde mantener las restricciones preventivas.

En consecuencia, la conducción de Osprera quedará nuevamente en manos del interventor designado, Marcelo Petroni, quien afrontará un segundo mandato tras una primera gestión marcada por fuertes tensiones internas y cuestionamientos políticos. La decisión también sintoniza con el planteo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que había solicitado sostener la intervención.

El expediente expone además una interna sindical de alto voltaje. Andrada, junto a Eduardo Davicco, ambos referentes del Movimiento de Recuperación de la UATRE, promovieron denuncias para que se investigue la posible comisión de delitos en el manejo de la obra social. En una presentación reciente, incluso solicitaron el bloqueo de firmas y la inmovilización de las cuentas bancarias de Osprera con el argumento de proteger los fondos y garantizar la cobertura de los beneficiarios.

La resolución de la Cámara reconfigura así el tablero judicial y sindical en el sector rural. Mientras la intervención vuelve a activarse de manera inmediata, la lupa judicial se posa otra vez sobre el patrimonio del principal referente del gremio y abre un nuevo capítulo en una disputa que combina poder sindical, administración de recursos y acusaciones cruzadas.