Abogados laboralistas, jueces del trabajo y referentes sindicales encendieron señales de alarma en la Cámara de Diputados al advertir sobre los riesgos jurídicos, sociales y laborales que implicaría la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Durante una audiencia internacional, coincidieron en que las reformas que reducen derechos no crean empleo y, por el contrario, profundizan la desigualdad.

El encuentro fue organizado por la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda) junto al presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, y contó con el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Nicolás del Caño, Romina del Plá, Sergio Palazzo y Francisco Manrique, además de magistrados y representantes sindicales.

Al cierre de la jornada, Bregman sostuvo que las experiencias internacionales analizadas demuestran que las contrarreformas laborales, como la que impulsa el Ejecutivo, tienen consecuencias “gravísimas” para los trabajadores. Según explicó, afectan tanto a quienes hoy cuentan con derechos como a quienes se encuentran en la informalidad, ya que lejos de mejorar su situación, la precarizan aún más.

En su exposición inicial, Cremonte cuestionó el concepto de “modernización laboral” con el que el Gobierno presenta la iniciativa. Señaló que el proyecto deroga la ley de teletrabajo, una de las normativas más recientes del sistema laboral argentino, mientras deja intacta la ley de jornada laboral, que fija un máximo de 48 horas semanales, una de las más extensas a nivel mundial. “El mundo discute reducir la jornada y acá se avanza en sentido contrario”, advirtió.

El abogado también alertó que la reforma implicaría un retroceso en el derecho colectivo del trabajo, con restricciones al derecho de huelga que contradicen convenios internacionales y estándares defendidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.

Por su parte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa, afirmó que el proyecto contiene más de 160 disposiciones incompatibles con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Además, cuestionó la falta de transparencia en el proceso legislativo: “Ni siquiera se conoce con certeza el texto que se va a debatir en el Senado, porque está siendo modificado de manera reservada”, denunció.

Pompa recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no puede avanzarse en reformas laborales sin un ámbito tripartito, con participación del Estado, los empleadores y los trabajadores. En ese sentido, reclamó que el proyecto no sea tratado en sesiones extraordinarias y que se habilite un debate amplio durante el período ordinario.

Durante su intervención, el magistrado citó un informe de la OIT basado en el análisis de reformas laborales en 63 países, que concluye que ninguna reforma que redujo derechos logró aumentar el empleo, sino que benefició a los sectores de mayores ingresos.

El debate sumó una mirada internacional con la participación del diputado del Parlamento de Cataluña, Vidal Aragonés, quien recordó los efectos de la reforma laboral española de 2012. Detalló que esa contrarreforma redujo indemnizaciones, flexibilizó jornadas y eliminó la ultraactividad de los convenios, pero lejos de generar trabajo, provocó la destrucción de un millón de empleos en su primer año y llevó el desempleo al 26%.

Desde el plano sindical regional, el secretario de Organización de la Central Sindical de las Américas, Marcelo Distéfano, sostuvo que una verdadera modernización del derecho laboral debería ampliar la protección a quienes hoy no la tienen, como los trabajadores de plataformas o los desocupados, y no debilitarla.

A su turno, la vicepresidenta de IndustriALL Global Union, María Soledad Calle, advirtió que la reforma esconde un impacto previsional, ya que desfinanciaría a la ANSES y trasladaría al sistema jubilatorio el costo de los despidos empresariales. “Cada vez que se aplican estas reformas, las únicas ganadoras son las grandes corporaciones”, afirmó.

También tomó la palabra el presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, quien alertó que la iniciativa afectará tanto a trabajadores formales como informales y perjudicará a las pymes. “A las pequeñas y medianas empresas siempre les fue mejor cuando les fue mejor a los trabajadores”, sostuvo.

La audiencia incluyó exposiciones de abogados y docentes de Derecho del Trabajo de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y Francia, quienes describieron escenarios similares tras la implementación de reformas laborales regresivas en sus países: caída del salario real, aumento de la informalidad, mayor desempleo y deterioro de la calidad de vida.

El encuentro cerró con una conclusión compartida: la reforma laboral en debate no solo representa un retroceso en materia de derechos, sino que además carece de sustento empírico para cumplir su principal promesa, la creación de empleo.