El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, decretó la jubilación forzosa para los trabajadores estatales que hayan alcanzado la edad jubilatoria, incluso para aquellos que no reúnen los años de aportes necesarios. La medida, que profundiza el ajuste sobre el empleo público, deja a una porción significativa de empleados sin trabajo, sin obra social y sin posibilidad de completar los aportes faltantes.

La decisión establece que los contratos de empleados estatales mayores de 65 años que no cuenten con los requisitos previsionales solo podrán renovarse por un plazo máximo de seis meses. Finalizado ese período, deberán abandonar sus funciones. En muchos casos, el único camino que les quedaría sería acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima y actualmente asciende a $279.443.

Si bien la PUAM incluye cobertura de salud a través del PAMI, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni garantiza los beneficios completos de una jubilación contributiva, consolidando un escenario de fuerte vulnerabilidad social.

La resolución también obliga a los organismos del Estado a presentar, como condición para renovar contratos, la constancia de intimación a jubilarse en aquellos casos en los que los trabajadores superen los 30 años de aportes. Sin embargo, una parte relevante de los alcanzados por la medida no cumple con ese requisito, lo que los deja fuera tanto del empleo como del sistema jubilatorio tradicional.

Hacia fines de 2024, los trabajadores contratados —es decir, sin estabilidad— representaban el 12,7% de la planta estatal, con alrededor de 58.000 personas. Ese número ya se redujo sensiblemente por la política de no renovación de contratos impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La resolución se aplica incluso en áreas sensibles, donde los empleados afectados son los únicos técnicos con experiencia específica o integran dependencias que ya funcionan con dotaciones mínimas, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

No es la primera vez que el Ejecutivo avanza en esta dirección. Meses atrás, mediante la Resolución 3/2023, fueron intimados a jubilarse unos 10.000 empleados públicos que cumplían las condiciones, de los cuales más de 6.800 pertenecían a planta permanente. La nueva medida se inscribe en un proceso más amplio de modificaciones estructurales del sistema previsional.

En paralelo, el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la Ley 27.705, que permitía regularizar años no aportados. Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron por esa vía, por lo que su eliminación anticipa un impacto social de gran magnitud, según datos oficiales.

El ajuste sobre el empleo estatal ya muestra cifras contundentes. La dotación total de la Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2%. En términos absolutos, se recortaron aproximadamente 63.234 puestos, lo que implica una caída del 18,4% del empleo en el Sector Público Nacional: casi 80 despidos por día, de acuerdo con un informe del Centro CEPA.

Las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de desvinculaciones, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con mayor fuerza a la administración centralizada, evidenciando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.

Desde el sindicalismo estatal, la reacción fue inmediata. El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “cruel e inhumana” y advirtió sobre sus consecuencias sociales. “Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y, fundamentalmente, sin la posibilidad de jubilarse”, afirmó.

Aguiar sostuvo además que el Gobierno presiona a trabajadores con 29 años de aportes para que elijan “entre la PUAM o la calle”, y vinculó esta política con otras decisiones oficiales. “A esto se suma la amenaza de recortar un 20% en la Jefatura de Gabinete, la falta de convocatoria a paritarias y salarios cada vez más deteriorados. El Gobierno acumula medidas contrarias a los intereses de los trabajadores”, concluyó.

La jubilación forzosa, aplicada sin contemplar trayectorias laborales incompletas, se convierte así en una nueva pieza del esquema de ajuste que redefine el empleo público y el sistema previsional en la Argentina.