El Gobierno nacional avanzó este viernes con una nueva tanda de despidos en el Hospital Posadas, donde al menos 84 trabajadores y trabajadoras fueron cesanteados en distintas áreas clave del establecimiento. La medida alcanzó a enfermeras, personal médico, técnicos de laboratorio y empleados del sector de vigilancia, y volvió a encender las alarmas en el sistema público de salud.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP–Seccional Posadas) denunciaron que los despidos forman parte de una estrategia sostenida de ajuste. “No se trata de errores administrativos ni de hechos aislados, sino de una política deliberada que busca instalar la precarización y el miedo como método de disciplinamiento laboral”, advirtieron desde el gremio. En ese marco, apuntaron directamente contra la gestión nacional y señalaron que “la administración Milei-Lugones continúa con su política de dinamitar el sistema público de salud”.

La conducción sindical remarcó que el recorte de personal tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes. Según indicaron, la falta crónica de trabajadores ya obliga a muchas familias a afrontar gastos extra para garantizar cuidados básicos durante las internaciones. “No sobra nadie en el hospital”, subrayaron, al tiempo que alertaron que la sobrecarga laboral y la reducción de equipos ponen en riesgo la calidad del servicio.

Frente a este escenario, los trabajadores convocaron a una asamblea abierta para el próximo lunes a las 10 de la mañana en el hall central del hospital, donde se definirán los pasos a seguir y posibles medidas de fuerza.

Los despidos en el Posadas se suman a otros recortes recientes en el área sanitaria: más de 220 cesantías en el Ministerio de Salud y un número aún no precisado, pero significativo, en el PAMI. Para los gremios, el panorama confirma un proceso de desmantelamiento progresivo de la salud pública.

“Convocamos a toda la comunidad a participar de la asamblea y a acompañar las acciones que se resuelvan en defensa de la salud pública, que es un derecho de todos y todas”, señalaron desde la organización sindical, anticipando un escenario de creciente conflictividad en el sector.