La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo introduce cambios profundos en el régimen de trabajo, sino que también tendría un fuerte impacto fiscal y financiero sobre el Estado nacional, las provincias, el sistema previsional y la salud. Así lo señala un informe técnico elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que cuantifica el “costo oculto” del proyecto oficial y advierte sobre un proceso de desfinanciamiento estructural.

El estudio, presentado por el gremio que conduce Pablo Flores y que nuclea a los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estima que el impacto total de la reforma alcanzaría el 1,278% del Producto Bruto Interno. Según el documento, las modificaciones tributarias y previsionales incluidas en la iniciativa tendrían consecuencias directas sobre la seguridad social, las obras sociales y la coparticipación federal.

Seguridad social en la mira

Uno de los ejes centrales del informe es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con una reducción de tres puntos en las contribuciones patronales. Aunque la medida no implicaría un mayor costo para los empleadores, sí generaría una pérdida directa para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al desviar recursos que hoy sostienen jubilaciones y pensiones.

A esto se suma lo establecido en el artículo 163 del proyecto, que reduce las contribuciones patronales para el empleo registrado: del 20,40% al 17,40% en el sector servicios y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Según AEFIP, esta modificación representa la segunda gran vía de desfinanciamiento de la seguridad social, ya que impacta negativamente en sus cuatro subsistemas.

En términos concretos, la pérdida fiscal combinada por el FAL y la reducción de contribuciones asciende a casi 4,6 billones de pesos, lo que equivale a cerca del 0,9% del PBI.

Menos recursos por Ganancias e impuestos internos

El informe también alerta sobre el efecto de los cambios en el Impuesto a las Ganancias, particularmente en sociedades y en la eliminación del esquema cedular. Estas medidas implicarían una merma adicional de 2,77 billones de pesos, equivalente al 0,275% del PBI.

A su vez, la derogación parcial de impuestos internos y específicos profundizaría el deterioro de las cuentas públicas, con una caída estimada de 417.275 millones de pesos, alrededor del 0,042% del PBI.

Un golpe directo al sistema de salud

Otro de los puntos críticos señalados por AEFIP es la reducción en un punto del financiamiento destinado a las obras sociales. Si bien esta decisión no impacta directamente en la recaudación fiscal, sí representa —según el informe— un “choque enorme” para el sistema de salud de los trabajadores, tanto en obras sociales sindicales como en empresas de medicina prepaga.

La pérdida en este rubro se calcula en más de 1,6 billones de pesos, un 0,162% del PBI. Especialistas del sector advierten que la rebaja de aportes patronales obligará a trasladar el costo a los trabajadores. “El empleado va a tener que pagar más para compensar la pérdida. En las prepagas el ajuste será inmediato, y las obras sociales probablemente recurran a copagos o recortes de prestaciones”, explicaron.

Provincias, entre las más perjudicadas

El impacto no se limita al Estado nacional. La masa de recursos coparticipables también se vería afectada, con una reducción estimada de más de 3,18 billones de pesos a distribuir entre las provincias, considerando los cambios en Ganancias e impuestos internos.

De acuerdo con las proyecciones de AEFIP, las jurisdicciones más golpeadas serían Buenos Aires, con una pérdida cercana a los 397.000 millones de pesos; Santa Fe, con 161.673 millones; Córdoba, con 160.628 millones; Chaco, con 90.244 millones; y Entre Ríos, con 88.327 millones.

Un debate que excede lo laboral

Desde el gremio de los empleados fiscales subrayan que la reforma laboral no puede analizarse únicamente desde la óptica del mercado de trabajo. “Se trata de un paquete de medidas que redefine el esquema de financiamiento del Estado, debilita la seguridad social y traslada costos a las provincias y a los trabajadores”, concluye el informe.

En ese marco, AEFIP advierte que, de avanzar el proyecto, las consecuencias fiscales y sociales podrían profundizar los desequilibrios existentes y abrir un escenario de mayor conflictividad, especialmente en los sistemas previsional y sanitario.