La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional volvió a encender la polémica, no solo por el impacto estratégico de la medida sino también por el actor sindical elegido como pieza clave del proceso. A través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, la gestión libertaria suspendió por un año la habilitación del puerto fueguino —con posibilidad de prórroga— y designó al frente de la intervención a un dirigente gremial cuya actuación había sido habilitada por el propio Ejecutivo apenas seis meses atrás.

La resolución lleva la firma del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (APYN), Iñaki Miguel Arreseygor, y establece la intervención de uno de los enclaves más sensibles para el comercio exterior y la soberanía nacional. Sin embargo, el trasfondo político y sindical del caso expone una contradicción difícil de disimular para un gobierno que se define abiertamente como antisindical.

La intervención se apoyó en una denuncia presentada por la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego. El planteo del gremio apuntó contra la promulgación de la Ley Provincial N° 1596, de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, y denunció un presunto desvío de fondos millonarios. Horas después de conocida la acusación, el Ejecutivo nacional designó como interventor del puerto al propio referente local del sindicato denunciante, Juan Andrés Avellaneda.

La secuencia no pasó desapercibida. Para distintos sectores políticos y sindicales, la designación fue leída como una suerte de “premio” que le permitió al Gobierno avanzar con la intervención, utilizando a un gremio afín como respaldo formal de la decisión.

La UPSF no es un actor nuevo en este tipo de maniobras. El sindicato fue constituido formalmente el 18 de junio de 2014, pero su consolidación llegó durante el macrismo. En 2017, mediante la Resolución 219-E/2017, el entonces Ministerio de Trabajo le otorgó la inscripción gremial como entidad de primer grado. En aquel momento, su irrupción fue interpretada como un intento de debilitar a la histórica Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles (APDFA), alineada con la Corriente Federal de Trabajadores y abiertamente opositora a la gestión de Cambiemos.

Lo llamativo es que el actual Gobierno, que cuestiona el reconocimiento estatal de los sindicatos y promueve una reforma laboral orientada a limitar su poder, haya recurrido a la misma lógica. Hace apenas seis meses, la administración libertaria amplió por resolución el ámbito territorial de actuación de la UPSF, permitiendo su reconocimiento formal en Tierra del Fuego. Sin ese paso previo, la denuncia que habilitó la intervención del puerto difícilmente habría prosperado.

Hasta entonces, Avellaneda actuaba como referente del sindicato en la provincia, pero sin aval legal. Hoy, tras la decisión del Ejecutivo, se convirtió en el interventor designado por el Gobierno nacional en un puerto clave para la proyección antártica, el comercio exterior y la soberanía marítima del país.

La paradoja es evidente: un gobierno que se declara enemigo del sindicalismo tradicional terminó apoyándose en un gremio creado y fortalecido al calor del poder político para avanzar sobre una infraestructura estratégica. El caso del Puerto de Ushuaia deja al descubierto que, más allá del discurso ideológico, la relación entre el mileísmo y ciertos sindicatos parece regirse menos por principios y más por conveniencias coyunturales.