El conflicto en la empresa Lustramax, dedicada a la producción de artículos de limpieza y ubicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas, escaló en las últimas semanas desde un reclamo salarial a una disputa de fuerte contenido político y judicial. Los trabajadores, que sostienen un acampe frente a la planta, denuncian que la patronal utiliza el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) como una herramienta para avanzar con despidos selectivos y poner a prueba mecanismos asociados a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Desde el cuerpo de delegados aseguran que la empresa no atraviesa una crisis económica real. Leandro Gómez, delegado sindical de Lustramax, afirmó que los balances recientes de la firma muestran resultados positivos y que hasta mediados de diciembre la producción se mantenía a pleno, incluso con horas extras. “No hay crisis. Esto es una maniobra para avanzar sobre derechos conquistados, como los horarios y la estabilidad laboral”, sostuvo.

Arietto, la estrategia legal y el “laboratorio” laboral

Uno de los elementos que profundizó el conflicto fue la intervención de la abogada Florencia Arietto, vinculada políticamente a la senadora nacional Patricia Bullrich, quien asumió la representación legal de la empresa. Los trabajadores denunciaron que días antes de que se notificaran 29 despidos, el esposo de la letrada recorrió la planta junto al dueño de la firma.

En declaraciones radiales, Gómez señaló que el conflicto responde a una estrategia previamente diseñada. “Esto funciona como un laboratorio: se ensaya cómo despedir trabajadores y delegados sindicales con el aval político y judicial”, afirmó. Desde el gremio remarcan que, pese a las cesantías, la producción continúa con normalidad y la mercadería sale de la planta, lo que —según sostienen— desmiente cualquier argumento de emergencia económica.

Conciliación cuestionada y despliegue de fuerzas de seguridad

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó una conciliación obligatoria por 15 días, pero desde el sector gremial la calificaron como insuficiente. Denuncian que la empresa incumple el dictamen al no permitir el reingreso de los despedidos, amparándose en el artículo 30, mientras mantiene un lockout de hecho.

La tensión se agravó con la presencia de la Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense, desplegadas para garantizar la salida de camiones de la planta y ejecutar órdenes de desalojo sobre el acampe. Arietto celebró públicamente en redes sociales la intervención de las fuerzas federales, mientras que el cuerpo de delegados y organismos de derechos humanos, como el CeProDH, denunciaron que se trata de un accionar intimidatorio y sin jurisdicción, orientado a disciplinar el reclamo sindical.

Deudas salariales y denuncias de ilegalidad

El conflicto tuvo su origen en una serie de incumplimientos por parte de la empresa, entre ellos:

• Falta de aportes a la obra social durante al menos cuatro meses.

• Deudas salariales, incluyendo parte del aguinaldo y un bono acordado en diciembre.

• Despidos realizados mientras el Procedimiento Preventivo de Crisis aún se encuentra en análisis, lo que —según recuerdan desde el gremio— está expresamente prohibido por la normativa vigente de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Un conflicto abierto

Con el vencimiento de la conciliación obligatoria cada vez más cercano y sin garantías de reincorporación definitiva, los trabajadores ratificaron la continuidad del plan de lucha. “Cuando se cumplan los 15 días, si no hay una solución real, el conflicto va a volver a escalar”, advirtió Gómez, remarcando que la disputa excede una tregua administrativa y pone en juego derechos laborales básicos.

El conflicto en Lustramax se convirtió así en un caso testigo, observado de cerca por el movimiento sindical, ante lo que consideran un intento de avanzar sobre la organización gremial y sentar precedentes en el marco del nuevo escenario laboral.