Raúl Jalil consiguió el respaldo de Javier Milei para amortiguar el escándalo de corrupción del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través del decreto que pone fin a la participación de la Nación en el directorio del ente interestadual fundado por Juan Domingo Perón en 1946. El gobernador catamarqueño despertó este lunes con el anuncio publicado en el Boletín Oficial, como retribución por la colaboración del senador Guillermo Andrada para sancionar el Presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.

Sin embargo, la decisión tuvo un fuerte impacto negativo en la comunidad académica tucumana. Desde la ley que creó el YMAD en 1959, la UNT debía recibir el 40% de las regalías para la construcción de una ciudad universitaria en el cerro San Javier, mientras que el 60% restante quedaba para Catamarca. El incumplimiento de ese objetivo derivó años después en la condena a tres años y seis meses de prisión del exrector Juan Cerisola, quien conducía la universidad durante el período en que la Justicia federal determinó el desvío de 243 millones de pesos, una fortuna para la época.

Junto a Cerisola también fueron condenados la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y el exdirector de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino. No obstante, en los hechos, la trama habría involucrado a otros dirigentes del radicalismo tucumano.

La investigación judicial se concentró en el desvío de fondos provenientes de las utilidades mineras entre 2006 y 2009, durante el primer mandato de Cerisola al frente de la UNT. El período incluye un episodio clave: el decreto del 2 de enero de 2008, mediante el cual el entonces rector renunció a seguir percibiendo el total de las regalías que le correspondían a la universidad, bajo el insólito argumento de que la ciudad universitaria estaba finalizada. Basta recorrer los esqueletos de hormigón abandonados en la cima del cerro San Javier —intactos desde los tiempos de Perón— para constatar la falsedad de esa afirmación.

Durante esos años fueron directores del YMAD en representación de la UNT el exrector y candidato a gobernador por la UCR Mario Marigliano, fallecido en 2016, y Rodolfo Martín Campero, cofundador de la Franja Morada y tío del diputado libertario Mariano Campero.

La UNT firmó un acuerdo con Minera Bajo la Alumbrera, ubicada en Catamarca, que preveía la creación de un fondo fiduciario destinado a financiar la nueva ciudad universitaria. El resultado fue nulo. “¿Saben lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo”, resumió con crudeza una fuente del sector. Las causas judiciales avanzaron y los principales responsables quedaron procesados y condenados.

Una revelación clave surgió el 12 de diciembre de 2023 en La Gaceta de Tucumán, en una nota firmada por el abogado Benito Carlos Garzón, exasesor de Campero y de Héctor Carlos Ostengo cuando ambos fueron directores del YMAD. Garzón relató que Ostengo tomó conocimiento de un cambio en el paquete accionario de Minera Alumbrera en la Bolsa de Nueva York, inmediatamente después de la firma de un contrato de fideicomiso entre la empresa, la UNT y el Banco Santander Río.

Garzón redactó la impugnación de la UTE conformada por la minera, la UNT y el YMAD para explotar uno de los yacimientos, pero Campero se llevó el escrito bajo el compromiso de negociar directamente con la empresa. Tiempo después, Minera Alumbrera se comprometió a liquidar regalías desde 2006 y no a partir de 2012 o 2014, como estaba previsto originalmente.

El 24 de noviembre de 2005, el Consejo Superior de la UNT aprobó el cobro de un millón de dólares a la minera. Ese dinero, lejos de destinarse a la ciudad universitaria estipulada por la ley de 1959, fue redireccionado por Marigliano y Campero a supuestas “refacciones” del Museo de la UNT.

A partir de 2006, ambos directores solicitaron información sobre el detalle de las obras al sucesor de Marigliano, el luego condenado Cerisola, quien continuó la misma línea política con el respaldo de José Hugo Saab, secretario general de la universidad y exconcejal radical. “Saab es el que te hace ganar o perder una elección en la UNT”, confió una fuente conocedora de las internas universitarias.

El escándalo incomodó tanto al oficialismo libertario como al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Tras el blindaje del veto presidencial al financiamiento universitario en 2024, Patricia Bullrich arremetió públicamente contra las autoridades de la UNT: “Se comieron la ciudad universitaria el rector y toda la plana mayor”, denunció.

Jaldo también tomó distancia: “Quiero más presupuesto para las universidades, pero para mejorar salarios y edificios, no para que se pierda en el camino y termine en la Justicia Federal”, sostuvo.

Consultado por LPO, Saab defendió el acuerdo entre Catamarca, la Nación y la UNT, al señalar que se consensuó una “nueva ciudad universitaria” distinta a la prevista en el artículo 18 de la ley del ’59, por considerarla “imposible de cumplir”. Esa explicación genera rechazo incluso entre legisladores radicales alineados con La Libertad Avanza: “Se recontramalversó todo y siguen cobrando el 40% de las regalías”, se quejó uno de ellos.

La ley establecía que, una vez finalizadas las obras, la UNT pasaría a percibir solo el 20% de las regalías, mientras que el otro 20% se distribuiría entre todas las universidades del país. Nada de eso ocurrió.

En su alegato final, Cerisola llegó a afirmar que la ciudad universitaria sí se había construido. “San Miguel de Tucumán es una ciudad universitaria”, dijo ante un tribunal que no supo si asistía a una epifanía o a una burla.

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT) cuestionó que la sentencia “deja intacta la estructura de desvío de fondos, negociados y contaminación ambiental”, y criticó la absolución del contador Luis Sacca, a quien señalan como una pieza clave en la trama de sobreprecios con empresas constructoras.

Ya en 2014, el geólogo Florencio Aceñolaza denunció que las utilidades mineras se destinaron a inversiones inmobiliarias en Tucumán y Buenos Aires, compra de vehículos y gastos ajenos a la obra universitaria. Incluso sostuvo que Cerisola habría adquirido dos departamentos sobre la calle Paraná, en pleno centro porteño.

El proyecto original, inscripto en el Primer Plan Quinquenal del peronismo, contemplaba una ciudad universitaria en el cerro San Javier, con edificios, infraestructura y un funicular que conectara la cima con la base. Las tierras adquiridas para ese desarrollo duplicaban la superficie de la isla de Manhattan. Hoy solo queda una mole de hormigón abandonada como testimonio del saqueo.