El Gobierno nacional avanzó con la apertura de sumarios administrativos contra dos de los principales sindicatos del transporte por presunto incumplimiento de conciliaciones obligatorias. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina, que conduce Sandra Pettovello.
Las sanciones apuntan contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, y el gremio ferroviario La Fraternidad. Según informaron fuentes oficiales, las multas podrían oscilar entre los 20 y más de 70 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de trabajadores involucrados y la gravedad de la infracción.
Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que durante el procedimiento administrativo se constató que ambos sindicatos no habrían acatado conciliaciones obligatorias vigentes. El régimen de infracciones laborales establece sanciones económicas que pueden ir desde el 50% hasta el 2000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.
En base a ese cálculo, fuentes del área laboral estiman que la UTA podría enfrentar multas superiores a los 70 millones de pesos, mientras que La Fraternidad debería afrontar sanciones que superarían los 20 millones.
La decisión fue difundida también por la propia Sandra Pettovello a través de sus redes sociales, donde ratificó la postura oficial de aplicar sanciones a las organizaciones sindicales que no cumplan con las resoluciones dictadas por la autoridad laboral.
Desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina afirmaron que la medida busca “garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y resguardar el interés general”.
El antecedente del paro general
El conflicto se remonta a las advertencias realizadas por el Gobierno en la antesala del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) el 19 de febrero, en rechazo al debate de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo.
En aquel contexto, tanto la Unión Tranviarios Automotor, conducida por Roberto Fernández, como La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, habían anunciado su adhesión a la medida de fuerza.
Un día antes de la huelga, el Ministerio de Capital Humano intimó formalmente a los representantes legales de ambos gremios para que se abstuvieran de participar del paro, argumentando que existían conciliaciones obligatorias vigentes que impedían la adopción de medidas de fuerza.
En el caso de la UTA, la conciliación había sido dictada el 11 de febrero por un plazo de dos semanas, mientras que para La Fraternidad regía otra resolución emitida el 5 de febrero con una duración de 15 días.
Desde el Gobierno advirtieron entonces que cualquier acción sindical que implicara adherir al paro podría interpretarse como una violación de esas conciliaciones, lo que habilitaría sanciones económicas. Ahora, esas advertencias comenzaron a materializarse con la apertura de los sumarios administrativos.
Debate jurídico
Sin embargo, en el ámbito laboral existe una fuerte discusión jurídica sobre el alcance de estas medidas. Diversos especialistas sostienen que una conciliación obligatoria no puede aplicarse para impedir la adhesión a un paro general convocado por una central sindical, ya que se trata de un conflicto de carácter más amplio que excede a una negociación sectorial.
Mientras avanzan los procedimientos administrativos, el conflicto abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y los sindicatos del transporte en medio del debate por las políticas laborales y económicas del Ejecutivo.
