Un nuevo foco de controversia se abrió en el sistema de salud sindical tras denuncias que apuntan contra el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Adrián Stivelman, por un supuesto direccionamiento en la intervención de una obra social que mantenía un litigio con una empresa de la que él mismo había sido directivo.

El caso involucra a la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), cuya intervención fue dispuesta por el Gobierno nacional en marzo de 2025 por un plazo inicial de 180 días, período que luego se prorrogó. La medida se adoptó tras un informe técnico del organismo de control que señalaba presuntas irregularidades administrativas y faltantes de documentación en la entidad.

El punto que genera mayores suspicacias es que el propio informe oficial hacía referencia a un conflicto entre la obra social y la prestadora Red Figueroa Paredes, un grupo sanitario con fuerte presencia en el oeste del conurbano bonaerense. Según el documento, la ruptura del convenio entre ambas partes había derivado en un litigio que impedía a los afiliados utilizar determinados servicios mientras no se resolviera la disputa.

De acuerdo con los cuestionamientos que comenzaron a circular en el ámbito sindical y sanitario, Stivelman integró el directorio de esa red prestadora antes de asumir funciones jerárquicas en la Superintendencia. Ese antecedente figura en su trayectoria profesional y es el eje de las acusaciones por presunto conflicto de intereses.

Dirigentes del sector señalaron que evalúan promover presentaciones judiciales al considerar que un funcionario con responsabilidades de control no debería intervenir en decisiones que impactan sobre una entidad con la que mantuvo vínculos previos. “Es estar de ambos lados del mostrador”, resumió uno de los referentes consultados, que no descartó avanzar en tribunales.

El episodio se suma a una serie de tensiones en el área sanitaria, un frente que en el último año acumuló controversias vinculadas a compras de medicamentos, auditorías y reordenamientos en organismos descentralizados. En ese contexto, el caso OSPICHA podría escalar en las próximas semanas si prosperan las acciones legales anunciadas.