El cierre de la sucursal del Banco Santander en la ciudad de Tartagal generó una fuerte preocupación entre los trabajadores bancarios de Salta, que denuncian una política de recortes en el sistema financiero y advierten por el impacto laboral y social que implica la pérdida de atención bancaria presencial en el interior provincial.

Desde la Asociación Bancaria señalaron que la decisión encendió una señal de alarma en todo el sector y no descartan que la medida pueda replicarse en otras localidades. “Es una situación muy difícil que genera pánico en todas las instituciones bancarias”, afirmó Carlos Rodas, secretario general del gremio en la provincia.

El dirigente descartó que el cierre esté vinculado a problemas económicos de la entidad y aseguró que responde a una estrategia de reducción de costos. “Los bancos siguen teniendo altos niveles de rentabilidad. Esto no es una crisis financiera, es un recorte”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

Según explicó Rodas, el sindicato inició gestiones a nivel nacional para evaluar el impacto del cierre, tanto en términos laborales como sociales, en una ciudad clave del norte salteño. En ese marco, desde el gremio informaron que se espera el arribo de un gerente del banco para mantener reuniones con los trabajadores afectados y analizar posibles alternativas, aunque reconocen que la decisión ya fue tomada por la casa central.

Uno de los puntos más cuestionados por el gremio es el argumento del avance tecnológico utilizado para justificar el cierre de sucursales. “No es válido decir que la tecnología reemplaza a la atención presencial. Hay sectores de la población que no pueden resolver sus trámites de manera virtual”, remarcó Rodas, al señalar especialmente a adultos mayores y a usuarios sin acceso pleno a herramientas digitales.

Para la Asociación Bancaria, detrás de este tipo de decisiones se esconde una política de ajuste que prioriza la rentabilidad por sobre el empleo y el servicio a la comunidad. “Se cierran sucursales y se pierden puestos de trabajo, mientras se deteriora un servicio esencial para las economías regionales”, advirtió el dirigente.

Finalmente, desde el sindicato admitieron que revertir el cierre resulta complejo desde el punto de vista legal, ya que las entidades privadas suelen cumplir con las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, subrayaron que el conflicto trasciende lo estrictamente laboral: la comunidad de Tartagal pierde una herramienta clave de inclusión financiera y acceso a servicios básicos.