La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una intimación formal al Gobierno nacional para que deje sin efecto la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al advertir que la norma implica el vaciamiento del área de Metrología Legal y encubre un proceso de privatización de funciones estratégicas del organismo.

La resolución, recientemente publicada, desarticula el Programa de Metrología Legal, responsable del control y fiscalización de instrumentos de uso cotidiano y alto impacto social, como surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros, cinemómetros y equipamiento médico, entre otros.

El secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la decisión oficial y alertó sobre sus consecuencias laborales y sociales. “El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del INTI. Esta medida encubre un claro intento de privatización y no es casual que se ataque precisamente a las funciones de control y fiscalización del Estado”, afirmó.

Desde el sindicato remarcaron que la eliminación de estas tareas no solo pone en riesgo las fuentes de trabajo, sino que afecta directamente a la población. “No estamos hablando solo de puestos laborales: se está poniendo en juego la seguridad de millones de personas. Llegamos a un punto en el que un kilo puede dejar de ser un kilo o un litro de combustible puede no ser realmente un litro”, advirtió Aguiar.

La disposición oficial implica que el INTI deje de realizar actividades clave como la aprobación de modelos, la certificación de correcto funcionamiento y la verificación de instrumentos de medición que hoy se utilizan en todo el país. Estas funciones garantizan transparencia comercial, seguridad vial y controles sanitarios básicos.

El Programa de Metrología Legal tiene una incidencia directa en la vida cotidiana, ya que interviene en los controles de fotomultas, alcoholemia, expendio de combustibles y pesaje de mercaderías, además de brindar respaldo técnico a múltiples sectores productivos y de servicios.

Según detalló ATE, dentro de esta área y sus dependencias indirectas trabajan al menos 147 empleados distribuidos en todas las provincias, cuyos puestos quedaron bajo amenaza tras la publicación de la resolución. Entre las funciones afectadas se encuentran la metrología legal, la certificación, la aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración.

Ante este escenario, el sindicato anticipó que avanzará con acciones judiciales y medidas gremiales. “Esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento de numerosas actividades económicas y en la vida diaria de la población”, sostuvo Aguiar, quien confirmó la convocatoria a plenarios y asambleas para definir un plan de lucha hasta lograr la derogación de la norma.