El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, logró unificar a 86 sindicatos pertenecientes a las tres centrales sindicales y puso en marcha un plan de lucha nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La estrategia incluirá movilizaciones en distintas provincias y acciones directas el día en que el proyecto llegue al recinto del Congreso.

El encuentro se realizó en la sede de la UOM y dio continuidad a una mesa de articulación sindical que había tenido su primer paso la semana anterior. Allí, las organizaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero frente a lo que definieron como una iniciativa “regresiva”, que avanza sobre derechos históricos de los trabajadores.

Entre las primeras medidas acordadas, se definió movilizar el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y el 10 de febrero en Rosario. Las protestas buscarán interpelar directamente a los gobernadores, en un claro mensaje político: el acompañamiento de las provincias a la reforma laboral tendrá un correlato de conflicto en sus propios territorios.

Además, los gremios ratificaron que habrá paros y una movilización masiva el día en que la iniciativa sea tratada en el Congreso de la Nación, en rechazo a un proyecto que consideran lesivo para las condiciones de trabajo y la organización sindical.

Durante la reunión, los sindicatos remarcaron que los derechos conquistados por el movimiento obrero no pueden formar parte de negociaciones políticas entre los gobernadores y la Casa Rosada. En ese sentido, advirtieron que no aceptarán que acuerdos de coyuntura habiliten un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores.

Las organizaciones también difundieron un documento conjunto en el que cuestionaron el origen del proyecto, al sostener que no surge de un debate democrático amplio, sino de conversaciones cerradas que excluyeron a las y los trabajadores y a sus representaciones sindicales.

Según el diagnóstico compartido en el plenario, la reforma laboral propone un profundo retroceso en materia de derechos: debilita la negociación colectiva, restringe el derecho de huelga, facilita los despidos, avanza contra los sindicatos, legitima la precarización y establece límites salariales. Para los gremios, el objetivo no es generar empleo ni mejorar las condiciones laborales, sino consolidar un modelo de salarios bajos y pérdida de protecciones.

El encuentro fue encabezado por Furlán y contó con una nutrida representación de la CTA Autónoma, entre ellos Mariana Mandacovic, secretaria general adjunta; Alejandra Angriman, secretaria gremial; Daniel Jorajuría, secretario administrativo; Jorge Castro, secretario de Finanzas; Matías Fachal, secretario de Discapacidad; y Rodolfo Kempf, secretario de Relaciones Institucionales. También participaron Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA.

Con esta convocatoria amplia y transversal, el sindicalismo busca mostrar músculo político y territorial frente a un escenario que anticipa alta conflictividad social si el Gobierno insiste en avanzar con la reforma laboral sin consenso.