El Frigorífico Pico, histórico productor de las hamburguesas Paty, comenzó a ejecutar un nuevo proceso de despidos masivos tras la finalización del procedimiento preventivo de crisis tramitado ante la Secretaría de Trabajo de La Pampa. En los últimos días, la empresa envió telegramas de despido a 194 trabajadores, profundizando la incertidumbre sobre la continuidad del establecimiento y el futuro de la marca.

La decisión se produjo luego de la suspensión de la totalidad de sus 450 empleados y del cierre temporario de la planta, sin señales de reactivación de la actividad. Desde la compañía, propiedad de la familia Lowenstein, justificaron la medida en una fuerte caída de ventas y en un escenario adverso para la industria frigorífica en su conjunto.

En las cartas documento remitidas a los trabajadores, la empresa atribuyó su situación a “una crisis generalizada del sector, reflejada en una marcada e insostenible disminución del trabajo, producto de la reducción de los volúmenes de mercadería vendida y proyectada”. En ese marco, invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de indemnizaciones reducidas al 50% en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

Desde el frigorífico señalaron que la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, la devaluación aplicada por el gobierno de Javier Milei al inicio de su gestión, el derrumbe del consumo interno y el retroceso de las exportaciones —especialmente hacia mercados clave como China— impactaron de lleno en la operatoria. Como consecuencia, la faena diaria se desplomó de 600 a apenas 50 animales.

“El escenario es un combo letal que conspiró contra la continuidad del frigorífico”, afirmó Javier Thomsen, delegado de Relaciones Laborales en General Pico. El dirigente advirtió además sobre la aparición de eventuales interesados en adquirir la planta bajo condiciones desfavorables para los trabajadores. “No es nuevo que cuando una empresa entra en crisis aparezca un comprador que ofrece sostener el empleo a cambio de que los trabajadores resignen su antigüedad y su historia laboral”, señaló.

El impacto social de los despidos ya se siente con fuerza en General Pico y en localidades cercanas. En Arata, una de las zonas afectadas, la importancia del frigorífico es tal que el propio municipio venía financiando el traslado de los operarios para sostener las fuentes de trabajo.

“No hay dudas de que estas cesantías generan un problema social grave. El 80% de los despedidos va a tener serias dificultades para reinsertarse laboralmente; no todos pueden abrir una carnicería o salir a manejar un Uber”, sostuvo Thomsen.

Mientras tanto, crecen las versiones sobre el futuro del frigorífico, entre ellas la posibilidad de una adquisición por parte de alguna de las empresas que integran el Consorcio ABC. Sin embargo, el presente inmediato está marcado por el conflicto: los trabajadores despedidos denuncian deudas salariales correspondientes a enero y dificultades en el pago de las indemnizaciones.

Según información publicada por La Política Online, el Frigorífico Pico mantiene una deuda de alrededor de 9.000 millones de pesos con el Banco de La Pampa. A su vez, registros del Banco Central indican que la firma acumula más de mil cheques rechazados y un pasivo total que rondaría los 30.000 millones de pesos.

Entre los trabajadores cesanteados hay empleados con más de 15 años de antigüedad. Hasta el momento, los despidos alcanzan a 156 personas en General Pico, 30 en Trenel y 8 en Arata, configurando uno de los conflictos laborales más graves del sector frigorífico en los últimos años.