Tras el fuerte impacto del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno nacional dejó trascender que analiza aplicar sanciones a los gremios del transporte que se sumaron a la medida de fuerza. En la Casa Rosada sostienen que tanto La Fraternidad como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) habrían incumplido conciliaciones obligatorias vigentes al momento de la huelga.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo releva el nivel de acatamiento en todo el país y evalúa abrir sumarios que podrían derivar en multas económicas e incluso en medidas más severas, como la quita de la personería gremial. “Si fueron al paro e incumplieron la conciliación obligatoria, la idea es ir a fondo”, deslizaron desde el oficialismo, aunque reconocen que cualquier decisión podría judicializarse.
La discusión legal
El Gobierno sostiene que la conciliación obligatoria impide a los sindicatos adoptar medidas de fuerza mientras rige el procedimiento. Sin embargo, especialistas en derecho laboral señalan que una huelga general convocada por una central sindical con reclamos de carácter político y social no necesariamente queda alcanzada por conciliaciones sectoriales.
La controversia expone una tensión de fondo: si la adhesión a un paro general puede considerarse violatoria de una conciliación dictada en el marco de un conflicto específico. Más allá de la interpretación jurídica, el conflicto adquiere un fuerte componente político en un contexto de creciente confrontación con el movimiento obrero.
Denuncia penal y advertencias
En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los incidentes registrados en Moreno, donde manifestantes cortaron el Acceso Oeste y quemaron neumáticos durante aproximadamente dos horas. La presentación incluye cargos por entorpecimiento del transporte terrestre, atentado y resistencia a la autoridad.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ya se había intimado previamente a los gremios a abstenerse de adherir al paro, advirtiendo que cualquier medida sería considerada una violación a la conciliación vigente. La Secretaría de Trabajo, bajo esa órbita, realiza ahora las actuaciones junto al área de Transporte para definir los pasos a seguir.
Impacto político y estrategia oficial
En el oficialismo reconocen que la paralización del transporte fue determinante para el alcance del paro. También admiten diferencias en la lectura sobre el rol de los líderes sindicales: mientras señalan a Omar Maturano como uno de los principales impulsores de la adhesión, en el caso de Roberto Fernández aseguran que habría tenido inicialmente intención de no sumarse.
La eventual aplicación de sanciones se inscribe en una estrategia más amplia para evitar que la escena se repita en los próximos días, cuando el Senado vuelva a tratar la reforma laboral. El pulso entre el Gobierno y los gremios del transporte aparece así como un capítulo clave en la disputa por el alcance y la legitimidad de las medidas de fuerza en un escenario de alta tensión política.
