En medio del conflicto por el financiamiento universitario, el Poder Ejecutivo giró a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 27.795 y establecer un esquema de actualización presupuestaria con un techo salarial del 12,3% para docentes y no docentes en 2026. La iniciativa se apoya en el cálculo de inflación oficial elaborado por el INDEC, que fija un promedio anual del 14,3% para la confección del Presupuesto 2026.

El texto propone “armonizar” las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales con las “reales posibilidades” del Tesoro, en línea con la Ley 27.798. En los hechos, reemplaza el esquema vigente aprobado por el Congreso a fines de 2025, cuya aplicación viene siendo cuestionada por el propio Gobierno.

Un techo atado a la inflación proyectada

El artículo 3° del proyecto establece que los gastos de funcionamiento se actualizarán solo si la inflación observada supera el 14,3% anual previsto en el Presupuesto. Ese umbral funciona como referencia para las partidas del Programa 26 —actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica)—.

En la práctica, el esquema traslada el riesgo inflacionario al sistema universitario hasta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supere el porcentaje estimado. El criterio ofrece previsibilidad fiscal, pero podría tensionar la situación financiera de las casas de estudio si la inflación real supera ampliamente el cálculo oficial.

La discusión sobre la metodología del IPC se intensificó tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, en medio de cuestionamientos por la postergación de un nuevo índice y por supuestas distorsiones en la medición de tarifas y servicios.

Recomposición salarial escalonada

En materia salarial, el artículo 5° fija una recomposición correspondiente a 2025 que se abonará en 2026 en tres tramos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. El total acumulado será de 12,3%.

Además, el proyecto obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley y con una periodicidad máxima de tres meses. La norma establece que la convocatoria deberá incluir tanto a docentes como a no docentes.

El oficialismo presenta la frecuencia trimestral como garantía institucional de revisión, aunque el porcentaje inicial de recomposición aparece acotado frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

Refuerzo para hospitales universitarios

Uno de los puntos destacados es el incremento de $80.072 millones para la actividad presupuestaria 15, destinada a hospitales universitarios. El refuerzo apunta a sostener el funcionamiento del sistema de salud dependiente de las universidades nacionales, que combina docencia, investigación y asistencia sanitaria.

El gesto político busca contener tensiones en instituciones con estructuras hospitalarias relevantes, como las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Cuyo y el Nordeste, entre otras. Resta definir cómo se distribuirán esos fondos y si alcanzarán ante costos sanitarios presionados por insumos dolarizados.

Blindaje técnico y fuentes de financiamiento

El mensaje oficial subraya que el proyecto cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156 al explicitar las fuentes de financiamiento, lo que —según el Ejecutivo— evitaría eventuales suspensiones bajo la Ley 24.629.

En términos operativos, los gastos se imputarán a la Jurisdicción 88 (Subjurisdicción 4, Servicio 330, Programa 26) y, en caso de excedentes, se cubrirán con la Jurisdicción 91, Programa 99, Actividad 4.

El proyecto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, aunque se descuenta que su tratamiento quedará para el período ordinario. De fondo, la discusión trasciende los números: enfrenta dos miradas sobre el financiamiento universitario en un contexto de alta nominalidad y ajuste fiscal, con la paritaria como próximo escenario de disputa política y salarial.