Tras el alto acatamiento al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno nacional analiza avanzar con sumarios y eventuales multas contra los sindicatos del transporte que se plegaron a la medida de fuerza. La advertencia alcanza principalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad, cuyos servicios registraron un fuerte nivel de adhesión.

Según trascendió en el diario La Nación, el Ejecutivo releva el grado de cumplimiento de la huelga en todo el país para determinar posibles sanciones. Desde la Casa Rosada sostienen que ambos gremios habrían incumplido conciliaciones obligatorias vigentes por conflictos sectoriales, pese a que el paro fue convocado de manera general por la central obrera.

En ese marco, no descartan aplicar multas económicas e incluso avanzar con medidas que podrían derivar en la suspensión o revisión de la personería gremial, una decisión que —reconocen puertas adentro— podría terminar judicializada.

Debate jurídico y trasfondo político

La controversia gira en torno al alcance de la conciliación obligatoria. Mientras el Gobierno interpreta que la medida impide cualquier tipo de huelga, especialistas en derecho laboral sostienen que una convocatoria de carácter general, impulsada por una central sindical y vinculada a reclamos de alcance nacional, no necesariamente queda comprendida en conciliaciones dictadas para conflictos sectoriales específicos.

Más allá del debate técnico, en el ámbito sindical consideran que la ofensiva oficial tiene un fuerte componente político y que apunta a desalentar futuras medidas de fuerza, especialmente ante el inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

Denuncia penal y advertencias oficiales

En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por un corte registrado en Moreno, sobre el Acceso Oeste a la altura de la ruta 23, donde manifestantes interrumpieron el tránsito durante aproximadamente dos horas. La presentación judicial incluye cargos por entorpecimiento del transporte, atentado y resistencia a la autoridad.

Días antes de la huelga, el Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— había intimado a los gremios a no adherir a la medida, advirtiendo que cualquier acción podría considerarse violatoria de la conciliación obligatoria. Ahora, la Secretaría de Trabajo realiza constataciones junto al área de Transporte para definir los pasos administrativos.

En el oficialismo admiten que la paralización del transporte fue determinante para el impacto del paro y buscan evitar que la escena se repita en la próxima jornada de protesta, prevista para cuando la reforma laboral vuelva a debatirse en la Cámara Alta.