El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que habilita un régimen de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La medida se inscribe en un proceso de reestructuración administrativa que, según el Ejecutivo local, apunta a “optimizar la dotación” y modernizar la gestión pública.

El plan fue formalizado mediante el decreto 83 y lleva también la firma del ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Estará vigente desde marzo hasta el 31 de mayo y alcanza a empleados comprendidos en la Carrera de la Administración Pública del Poder Ejecutivo porteño.

La compensación prevista será no remunerativa y se calculará sobre el salario neto mensual, normal y habitual al momento de la desvinculación. El pago se realizará en cuotas mensuales consecutivas por un plazo máximo de hasta 48 meses. En ese cálculo no se contemplarán el Sueldo Anual Complementario ni otros conceptos no mensuales.

Para adherir al régimen, los trabajadores deberán tener al menos 45 años de edad, cinco años de antigüedad en la administración pública y un mínimo de un año como personal de planta permanente. El decreto también establece exclusiones: no podrán sumarse quienes se desempeñen en áreas consideradas críticas, tengan sumarios administrativos en curso con posible sanción expulsiva, hayan iniciado demandas judiciales contra la Ciudad o estén en condiciones de jubilarse antes de fin de 2026.

Desde el entorno del Ejecutivo explicaron que la iniciativa forma parte de una transformación iniciada en 2024 y profundizada durante 2025, que incluyó la baja de más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos, así como la fusión y eliminación de áreas administrativas. En paralelo, el Gobierno porteño busca incorporar perfiles vinculados a tecnología y gestión digital.

La decisión se produce en un contexto político atravesado por el avance de La Libertad Avanza en la Ciudad y en sintonía con el ajuste impulsado a nivel nacional por el presidente Javier Milei. Sin embargo, en la administración porteña rechazan la idea de aplicar una “motosierra” y hablan de un “bisturí” orientado a reducir estructuras consideradas sobredimensionadas sin afectar servicios esenciales.

El nuevo régimen abre un proceso de reconfiguración del empleo público en la Ciudad, con impacto tanto en la planta estatal como en la dinámica política de la Legislatura porteña, donde los libertarios presionan para profundizar el recorte del gasto y avanzar en reformas estructurales.