La incertidumbre sobre la continuidad laboral en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito, Neuquén, derivó en la decisión de iniciar un paro por tiempo indeterminado. La medida fue votada en asamblea por los trabajadores nucleados en la Junta Interna de ATE, luego de que venciera el contrato de conservación el 31 de octubre de 2025 y no se formalizara un nuevo acuerdo.
La PIAP, considerada la mayor planta de producción de agua pesada del mundo, cumple un rol estratégico en el esquema energético nacional. Allí se produce el insumo que actúa como moderador y refrigerante en las centrales nucleares argentinas: Atucha I, Atucha II y Embalse.
Según denuncian los trabajadores, tras la finalización del contrato con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no se asignaron nuevas partidas presupuestarias para tareas de mantenimiento ni para el pago regular de salarios. La empresa ENSI, encargada de la conservación de la planta, dejó de recibir fondos, lo que profundizó la parálisis operativa.
Desde la Junta Interna señalaron que en reuniones recientes se les informó sobre la posibilidad de transferir formalmente las instalaciones a la CNEA ante la caída del contrato vigente. Sin embargo, remarcan que no existen definiciones claras sobre el futuro de los puestos de trabajo ni garantías de continuidad para el personal especializado que cumple funciones en el complejo.
El gremio también advirtió que los sueldos se vienen abonando en cuotas y fuera de término, mientras crecen las versiones sobre potenciales interesados internacionales en adquirir producción de agua pesada o aportar capital para reactivar la planta. Hasta el momento, sostienen, no hay contratos firmados que aseguren recursos para el alistamiento y la puesta en marcha.
En este contexto, ATE PIAP resolvió avanzar con un plan de lucha que incluye el cese total de actividades hasta obtener una respuesta concreta tanto de la CNEA como del gobierno provincial. El reclamo central es la firma de un contrato de alistamiento y producción que permita sostener la infraestructura y preservar los empleos.
La situación vuelve a encender alarmas sobre el presente del sector nuclear argentino y el destino de una instalación considerada clave dentro del sistema científico-tecnológico nacional.
