A dos meses del cierre de la fábrica ILVA, la histórica cerámica del Parque Industrial de Pilar, los 300 trabajadores despedidos continúan sin percibir sus indemnizaciones ni los sueldos adeudados. Mientras tanto, la empresa solicitó ante la Justicia Comercial la apertura de un concurso preventivo de acreedores, medida que busca frenar embargos y ganar tiempo frente a los reclamos laborales y financieros.

El 29 de agosto la firma cesó sus actividades alegando una profunda crisis económica, dejando en la calle a la totalidad del personal. Desde entonces, los operarios mantienen un acampe permanente frente a la planta, reclamando el pago de haberes y la restitución de la obra social.

“Desde el 1° de septiembre que salieron los telegramas, todavía no pagaron nada. Nos deben un mes y medio de sueldo y además nos dejaron sin obra social”, denunció Marcelo Barrionuevo, delegado de los trabajadores, en diálogo con Pilar a Diario.

La compañía había anunciado que abonaría las compensaciones bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que reduce las indemnizaciones en casos de crisis o fuerza mayor. Sin embargo, ni siquiera cumplió con ese esquema, profundizando la incertidumbre de cientos de familias.

El conflicto tuvo este jueves un marco especialmente doloroso: el Día del Trabajador Ceramista. “Siempre lo festejábamos con un asado, con las familias y los compañeros. Hoy lo pasamos acampando, esperando una respuesta”, lamentó Barrionuevo.

El pedido de concurso fue presentado ante el Juzgado Comercial N°12, a cargo del juez Hernán Diego Papa. De aprobarse, la empresa podría negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial. No obstante, desde el gremio advirtieron que esta estrategia podría ser “una maniobra para dilatar los pagos y licuar las deudas con los trabajadores”.

“El juez se tiene que acordar que en el portón hay 300 familias. No nos vamos a mover hasta que tengamos respuestas”, afirmaron desde el acampe.

Fuentes sindicales locales señalaron además que ILVA mantiene parte de sus instalaciones operativas y que habría intentos de contratar nuevo personal, lo que genera sospechas sobre una reapertura encubierta bajo nuevas condiciones laborales.

El caso de ILVA se suma a una larga lista de cierres industriales en el conurbano bonaerense y pone en evidencia el impacto social de la crisis económica y la falta de respuestas empresariales ante los derechos de los trabajadores.