La fábrica de cerámicas ILVA, una de las más importantes del país, atraviesa su momento más crítico. Luego de despedir a 300 trabajadores sin pagar indemnizaciones, la empresa presentó ante la Justicia un pedido de concurso preventivo de acreedores, con el argumento de no poder afrontar sus deudas.

La solicitud fue presentada el jueves 16 de octubre ante el Juzgado Comercial Nº12, según informó Pilar a Diario. Si el tribunal la acepta, ILVA obtendría una pausa temporal frente a las demandas de los acreedores —entre ellos, los trabajadores despedidos—, mientras un síndico judicial controla sus operaciones y supervisa el cumplimiento del proceso.

Sin embargo, si no logra acordar un plan de pagos o la Justicia rechaza su propuesta, la empresa podría terminar declarada en quiebra, lo que implicaría la liquidación de su patrimonio.

Un conflicto sin resolver

La presentación judicial llega en medio de un conflicto laboral que lleva casi dos meses y que aún no muestra señales de solución. Desde los despidos masivos de agosto, los trabajadores no recibieron las indemnizaciones correspondientes y, con el pedido de concurso, quedan impedidos de avanzar con embargos o ejecuciones judiciales.

ILVA argumenta que no tiene capacidad económica para afrontar los pagos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y se ampara en el artículo 48 de esa misma norma, que permite reducir montos en casos de crisis.

No obstante, los empleados denuncian un vaciamiento empresarial. Afirman que la situación financiera de ILVA dista de ser terminal y señalan hechos que, según ellos, contradicen el argumento de crisis:

• A mediados de año, la firma invirtió cerca de 100 millones de euros en la instalación de una nueva línea de producción con maquinaria italiana.

• Tras concretar los despidos, inició una búsqueda laboral para cubrir los mismos puestos que había eliminado.

“Dicen que no pueden pagar, pero están rearmando el personal y las máquinas están listas para volver a producir”, señalaron representantes de los trabajadores en diálogo con medios locales.

Una empresa paralizada, pero lista para volver a operar

Actualmente, la planta de ILVA permanece paralizada, sin personal activo, aunque con la infraestructura operativa en condiciones para retomar la producción en cualquier momento. En ese escenario, el pedido de concurso preventivo aparece como una maniobra para ganar tiempo y proteger los activos mientras avanza la negociación judicial.

De concretarse el concurso, la compañía quedará sujeta a restricciones financieras y administrativas, lo que limita su capacidad para disponer libremente de sus bienes.

Entre la crisis del sector y las sospechas de maniobra empresarial

La situación de ILVA se da en un contexto de profunda recesión en la construcción, uno de los sectores más golpeados desde la asunción del presidente Javier Milei. Sin embargo, gremios y especialistas sostienen que el caso no puede explicarse solo por la coyuntura económica.

“Hay empresas que realmente están en crisis, pero también hay casos donde se utiliza esa figura para abaratar despidos o reestructurar personal a costa de los derechos laborales”, advirtieron fuentes sindicales.

Mientras tanto, los 300 trabajadores despedidos continúan en estado de incertidumbre total, sin cobrar sus indemnizaciones y con la fábrica que los empleaba ahora bajo control judicial. Si el concurso no prospera, el desenlace podría ser aún más drástico: la quiebra definitiva de ILVA, una empresa emblemática de la industria cerámica argentina.