Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), nucleados en ATE, difundieron un nuevo relevamiento sobre el salario mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. Según el informe, en septiembre un hogar conformado por una pareja con dos hijos en edad escolar necesitó $1.979.769 para no caer por debajo del umbral de consumo mínimo.

El estudio elaborado por los técnicos del gremio advierte sobre un “fuerte deterioro del poder adquisitivo” de los trabajadores estatales, afectado por el aumento sostenido en servicios esenciales como salud, transporte, educación, electricidad y combustibles.

“El gobierno nacional continúa sin atender los reclamos salariales y sociales más urgentes, priorizando gestiones financieras externas para sostener un modelo económico agotado e incapaz de garantizar bienestar a la población”, expresó ATE-INDEC en su comunicado.

Canasta mínima y pérdida del poder adquisitivo

De acuerdo con los cálculos sindicales, la canasta alimentaria mínima se ubicó en $675.671, mientras que otros bienes y servicios esenciales representaron $1.304.098, totalizando casi dos millones de pesos mensuales.

El gremio aclaró que esta metodología difiere de la empleada por el organismo oficial para medir la pobreza —cuyo valor en septiembre fue de $1.176.852 para una familia tipo—, ya que el objetivo del cálculo sindical es reflejar un nivel de vida digno, y no simplemente de subsistencia.

ATE-INDEC también señaló que, desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, la inflación acumulada trepó al 233%, lo que derivó en una pérdida del 27,5% del poder de compra en los salarios estatales. Si se toma el período 2015–2025, la pérdida real asciende al 54,3%, equivalente —según el gremio— a 41 canastas básicas totales.

Reclamos y medidas urgentes

Frente a este escenario, los trabajadores del INDEC reclamaron un aumento de emergencia del 118% en una sola cuota para recomponer los ingresos, la reapertura inmediata de las paritarias y la implementación de un bono mensual de $250.000 para todos los trabajadores del Estado.

El sindicato también exigió la regularización laboral y el pase a planta permanente de los empleados precarizados. ATE-INDEC advirtió que los monotributistas del sector “sufren congelamiento salarial desde septiembre de 2024, sin aguinaldo, presentismo ni actualización de honorarios”, lo que representa una pérdida acumulada equivalente a 7,5 meses de ingresos en los últimos 93 meses.

Finalmente, el gremio reclamó la reincorporación de los trabajadores despedidos y que ningún salario ni jubilación quede por debajo de la línea de pobreza, insistiendo en que el Estado debe “dar el ejemplo” en materia de condiciones laborales y salariales.