El Gobierno de Javier Milei continúa con su plan de ajuste y digitalización en el sistema de registros automotores, y este 30 de enero de 2025 oficializó el cierre de 155 sedes de registros mediante la Resolución 19/2025 publicada en el Boletín Oficial. Con esta medida, el total de sedes cerradas desde que asumió la gestión asciende a 320.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había adelantado días antes que la eliminación de dependencias del Registro Automotor sería parte de un proceso más amplio de digitalización de los expedientes de vehículos. Este proceso busca reemplazar las gestiones manuales y reducir el número de oficinas físicas. Las 155 sedes recientemente cerradas forman parte de un plan en el cual, según Cúneo Libarona, se ha aplicado lo que él denominó "la motosierra 2.0", haciendo referencia a un ajuste drástico que afecta a las oficinas que no cuentan con un encargado titular y que, en cambio, están intervenidas por personal designado de forma externa por la autoridad competente.

El objetivo de esta medida, según el Ministerio de Justicia, es racionalizar la estructura del Registro Automotor y mejorar la eficiencia del sistema, eliminando los registros que no cumplen con los criterios establecidos por el nuevo enfoque de digitalización. Sin embargo, la medida ha generado controversia, ya que muchos ven el cierre como una precarización de los servicios y una posible fuente de desocupación, especialmente en aquellas regiones donde las sedes cerradas prestaban servicios clave.

El plan de ajuste no solo afecta a los registros con personal externo, sino que forma parte de una reestructuración más amplia del sistema, que busca optimizar los recursos y reducir el gasto público. Cúneo Libarona ha señalado que, en el primer año de gobierno, se ha cerrado aproximadamente el 20% de los registros automotores del país, un proceso que, según el funcionario, no se detendrá y continuará avanzando con el cierre de más sedes en los próximos meses.

Este proceso de reestructuración y digitalización sigue siendo un tema de debate, con quienes lo apoyan destacando sus beneficios a largo plazo y quienes lo critican por los posibles impactos negativos en el empleo y la accesibilidad a los servicios.