La tensión en el sector marítimo crece y desemboca esta semana en el Congreso. Los gremios marítimos, fluviales y pesqueros convocaron a una masiva movilización frente al Palacio Legislativo para exigir la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, impulsado por el presidente Javier Milei, que desregula la actividad de la Marina Mercante en territorio argentino.

Aunque el decreto fue suspendido de forma provisoria por la Justicia laboral, los trabajadores advierten que eso no alcanza. “La suspensión judicial no garantiza estabilidad ni seguridad. El decreto debe ser derogado definitivamente por el Congreso”, advirtió el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, y representante de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) en el sector.

La Cámara de Diputados celebrará este miércoles una sesión especial solicitada por bloques opositores, entre ellos Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Además del DNU, se tratarán temas sensibles como el financiamiento universitario y los fondos para el Hospital Garrahan.

Una amenaza a la soberanía y al trabajo nacional

Desde los gremios remarcan que el DNU 340/25 no es una mera reforma administrativa, sino una amenaza directa a la soberanía nacional y al empleo argentino. Entre los puntos más cuestionados figuran la habilitación del cabotaje a buques de bandera extranjera, la eliminación de convenios colectivos sectoriales, y el debilitamiento del control estatal sobre las rutas fluviales y marítimas.

“No podemos permitir que intereses externos operen libremente en nuestros ríos y mares mientras los trabajadores locales pierden sus empleos. Esto es desmantelar la Marina Mercante bajo la excusa de la eficiencia”, remarcó Moreno.

Los sindicatos destacan que la industria marítima nacional ya se encuentra en una situación crítica, y que medidas como la del DNU solo agravan el panorama. Por eso, convocan a legisladores de todas las fuerzas a “actuar con responsabilidad histórica” y poner freno a lo que califican como “una entrega de soberanía encubierta”.

Movilización y presión gremial

Se espera una fuerte presencia de trabajadores del sector frente al Congreso el día de la sesión, con delegaciones provenientes de distintos puertos del país. El objetivo es visibilizar el impacto real que tendría la implementación del decreto, no solo sobre el empleo, sino también sobre la capacidad del Estado para ejercer control territorial y económico sobre sus recursos hídricos.

“El Congreso tiene la obligación de defender los intereses nacionales por sobre las imposiciones del Ejecutivo. El DNU es inconstitucional, injusto y peligroso”, concluyó el dirigente de los patrones fluviales.

La votación en Diputados será clave. De no reunirse el quórum o si fracasa la anulación, el DNU podría avanzar pese a los cuestionamientos judiciales y gremiales. En cambio, su derogación marcaría un freno significativo a la estrategia de desregulación del Gobierno en sectores estratégicos.