En medio del creciente malestar sindical por la no homologación de acuerdos salariales, como en el caso del gremio de Comercio, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó la política del Gobierno nacional y negó que se estén vulnerando derechos laborales. “Muchas empresas pagan salarios por encima de la inflación”, afirmó, en una defensa directa al accionar de la administración de Javier Milei.

En diálogo con El Destape, Francos aclaró que el Ejecutivo no se opone a los aumentos, pero sí se reserva el derecho de no convalidar las paritarias que, a su entender, exceden los parámetros económicos definidos por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. “Una cosa es que el Gobierno no convalide una paritaria y otra es que las empresas den aumentos por fuera del convenio”, explicó, en referencia a los acuerdos que varias empresas vienen implementando de manera informal.

El funcionario señaló que la homologación de las paritarias se realiza “en función de los índices inflacionarios y de lo que el Gobierno considera razonable”, reforzando así la idea de un techo salarial implícito que ha comenzado a tensar la relación con varios gremios, incluso con aquellos que históricamente mantienen una postura moderada.

La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, es el organismo que actualmente ejecuta esa política de control sobre las actualizaciones salariales, generando un cuello de botella en múltiples sectores que ya habían cerrado acuerdos con incrementos por encima del IPC oficial.

Francos, lejos de mostrarse conciliador, desafió: “Lo que hace cada sector o cada empresa es una cuestión de las empresas. Nosotros proclamamos la libertad y cada uno puede hacer lo que quiere”. La declaración se da en un contexto de ajuste fiscal sostenido desde diciembre de 2023 y en plena tensión entre el Ejecutivo y el movimiento sindical.

La falta de homologación de las paritarias no solo complica las negociaciones en curso, sino que también pone en duda la validez legal de los aumentos pactados, dejando a miles de trabajadores en una situación de incertidumbre salarial. Mientras tanto, la conflictividad laboral crece, con protestas y advertencias de medidas de fuerza por parte de distintas organizaciones gremiales.