En un intento por conseguir dólares sin intervenir el mercado cambiario y con las reservas del Banco Central en baja, el Gobierno presentó este lunes el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Bajo un título ambicioso y con tono de golpe de efecto, la medida apunta a atraer divisas no declaradas mediante una desregulación casi total de los controles fiscales que hasta ahora ejercía ARCA (ex AFIP) sobre personas físicas, comercios y transacciones relevantes.

“El mensaje es claro: tus dólares, tu decisión”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, al presentar el plan junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de ARCA, Juan Pazo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La consigna oficial es que cada ciudadano podrá usar su dinero —legal o no— sin ser observado ni penalizado, en una suerte de “autoblanqueo sin consecuencias”, que comenzará a regir desde el 1 de junio.

Desarme de controles

La iniciativa contempla la eliminación de una batería de controles e informes que hasta hoy permitían al Estado monitorear movimientos financieros, patrimoniales y de consumo. Entre ellos:

• Se deroga el régimen de información sobre consumos con tarjetas, billeteras virtuales y pagos de expensas.

• Se eliminan los reportes obligatorios por parte de escribanos sobre operaciones inmobiliarias (CITI) y desaparece el Código de Transferencia de Inmuebles (COTI).

• Ya no se informarán las operaciones de compra-venta de autos usados, ni los consumos elevados de servicios públicos.

• Se elevan de forma drástica los umbrales para que bancos y entidades informen al fisco sobre movimientos: por ejemplo, las transferencias bancarias dejarán de reportarse desde 1 millón de pesos y sólo se informarán desde $50 millones.

Estos cambios, sumados a la modificación del régimen de Ganancias —que pasará a basarse solo en facturación y deducciones— configuran una apertura casi total al flujo de dinero no declarado dentro del sistema financiero y comercial.

Reacción tibia y advertencias

El mercado reaccionó con indiferencia: no hubo subas significativas en acciones ni bonos, y el dólar se mantuvo estable. Economistas consultados por medios especializados coinciden en que la medida luce débil para revertir la falta de confianza. “¿Por qué alguien que no blanqueó antes lo haría ahora?”, se preguntan en la City, en referencia al reciente y exitoso blanqueo de capitales que recaudó cerca de 20.000 millones de dólares, ya consumidos en gran parte.

Más preocupante aún, el nuevo plan genera fuertes cuestionamientos legales. Aunque el Gobierno prepara proyectos para derogar leyes penales económicas, la norma entrará en vigencia antes de que esas reformas sean aprobadas por el Congreso, dejando un vacío de seguridad jurídica para quienes decidan ingresar dinero sin declarar. “Se abre una puerta al delito económico y al lavado, sin marco legal sólido que lo respalde”, advirtieron expertos en derecho tributario.

Un blanqueo sin nombre

Aunque el Ejecutivo evita definirlo como tal, el nuevo plan funciona en los hechos como un blanqueo encubierto, sin sanciones ni obligaciones. Es la herramienta más reciente de lo que analistas ya denominan el “plan llegar”: una estrategia de corto plazo para evitar una crisis cambiaria antes de las elecciones de octubre.

Con una consigna simple pero polémica —flexibilizar todo para que los dólares aparezcan— el Gobierno apuesta a que la necesidad de estabilidad supere el temor a la informalidad. Pero entre economistas, abogados y opositores crecen las dudas: ¿qué pasará con el control fiscal, la equidad tributaria y el riesgo de institucionalizar la ilegalidad?

Por ahora, las respuestas son más políticas que técnicas. Y, como el propio Adorni sintetizó, el mensaje del Gobierno se resume en tres palabras: “Tus dólares, tu decisión”. La incógnita es si alguien decidirá usarlos.