Contrario a su discurso público, el Gobierno ha definido un ajuste en las escalas del Impuesto a las Ganancias que, a partir de enero de 2025, ampliará el número de trabajadores que deberán tributar. Este ajuste, del 11,78% sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre septiembre y diciembre de 2024, se considera inferior al ritmo de recuperación salarial, lo que provoca que muchos trabajadores, que hasta ahora no estaban alcanzados por el impuesto, comiencen a hacerlo.

El aumento de los salarios en los últimos meses, que superó la inflación, ha llevado a que muchos empleados alcancen umbrales de ingresos más altos, lo que los coloca en el radar del Impuesto a las Ganancias. Esta situación afectará directamente el poder adquisitivo de quienes hasta ahora estaban exentos.

A partir de 2025, el mínimo imponible para comenzar a tributar se fija en $2.280.700 brutos, lo que representa un salario neto de $1.892.937, sin considerar deducciones por familiares o gastos personales. Para aquellos trabajadores que deduzcan cónyuge e hijos menores de 18 años, el piso de tributación subirá a $3.024.494 brutos, equivalentes a un salario neto de $2.516.337.

Los autónomos también verán ajustes, con los ingresos mensuales promedio para tributar variando entre $1.468.658 y $1.631.843, dependiendo de su categoría. Estos cambios, que amplían la base de contribuyentes, incrementarán la presión fiscal sobre un sector que ya enfrenta múltiples cargas impositivas.

En este contexto, los especialistas advierten que la medida contrasta con el discurso público del Gobierno, que se había mostrado reacio a aplicar nuevas cargas fiscales sobre los trabajadores. La decisión de incluir a más empleados en el régimen de Ganancias genera un debate sobre la equidad y el impacto real de las políticas fiscales en el bolsillo de los asalariados y autónomos.