El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa con las empresas que operan en Vaca Muerta, a raíz de una denuncia sindical por 1.200 despidos y 2.000 suspensiones.

La medida, que comenzó a regir a las 9:00 horas de este miércoles 30 de julio, fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y tendrá una vigencia de 15 días.

Durante ese período, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, que conduce Marcelo Rucci, deberá cesar toda medida de acción directa y garantizar la normal prestación del servicio, en una zona considerada estratégica para la economía nacional.

“La decisión busca preservar la paz social y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica para el país”, señaló la cartera laboral en un comunicado.

La medida fue adoptada tras el fracaso de las negociaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires entre el gremio y las operadoras petroleras. Ante la falta de acuerdo, el sindicato había anunciado paros para los días 31 de julio y 1 de agosto, en reclamo por la situación de miles de trabajadores afectados.

El conflicto afecta directamente al yacimiento Vaca Muerta, que concentra más del 60% del petróleo producido en el país, y cuya producción es clave para el ingreso de divisas, el abastecimiento interno y el desarrollo energético del segundo semestre.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo de la conciliación es generar un marco de diálogo que permita evitar una parálisis en la producción, y advierten sobre el riesgo económico que implicaría un conflicto prolongado en una de las regiones más dinámicas del sector energético.