Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña reactivó una investigación judicial que involucra al exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a otros siete exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, por presuntas presiones al empresario Daniel Vila para forzar la liberación de espectro radioeléctrico asignado a su empresa Arlink.

Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico revocaron el sobreseimiento dictado por el juez Daniel Rafecas y ordenaron nuevas medidas de prueba, al considerar que aún no se esclareció si las maniobras denunciadas encuadran dentro de un posible delito penal.

“Las medidas realizadas hasta aquí parecen respaldar los datos objetivos aportados. Sin embargo, poco se avanzó para conocer si esos extremos enmarcan dentro de la hipótesis penal”, señalaron en la resolución.

La investigación gira en torno a una denuncia realizada por Vila, quien aseguró que durante el gobierno de Macri fue presionado para desistir de una medida cautelar que había presentado ante la Cámara Federal de Mendoza, con el fin de defender el uso del espectro radioeléctrico adjudicado a su firma. Según su testimonio, el propio Macri le habría solicitado directamente que se bajara del reclamo judicial, ofreciéndole a cambio facilitar la venta de sus compañías.

Al no acceder, Vila afirmó haber sido víctima de represalias administrativas y judiciales por parte del gobierno nacional.

Entre los imputados, además de Aguad, figuran Mario Quintana (exvicejefe de Gabinete), Francisco Canese Méndez, Justina Ponferrada, Miguel De Godoy (expresidente del ENACOM), Jorge Luis Camps, Juan Manuel Mocoroa (exdirector jurídico del Ministerio de Comunicaciones) y el abogado Juan Manuel Cañada.

La defensa oficial había argumentado que las decisiones del Estado se basaban en incumplimientos contractuales por parte de Arlink, y que el conflicto debía dirimirse en sede administrativa, no penal. Esa fue también la interpretación inicial de Rafecas, quien sobreseyó a los acusados. Sin embargo, la Cámara entendió que la causa debía seguir su curso.

En este nuevo tramo de la investigación, los camaristas ordenaron que se cite a declarar como testigos a David Martínez (socio de Vila) y al ejecutivo mexicano Arturo Elías Ayub, vinculado al grupo América Móvil, con el objetivo de esclarecer el trasfondo de las presuntas presiones.

Por el momento, los imputados quedaron en situación de "falta de mérito", una figura que indica que no existen pruebas suficientes ni para procesarlos ni para exculparlos, manteniéndolos dentro del expediente judicial.