El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha expresado en repetidas ocasiones su rechazo a los intermediarios en el sistema de salud. Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario. La reciente ruptura de convenios entre el Instituto Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) dejó al descubierto el doble discurso del Ejecutivo provincial al priorizar la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP).

“Todo el mundo sabe que si hay intermediarios hay un adicional”, dijo Kicillof recientemente. No obstante, ACEAPP, creada en 2022 como un intermediario “amigo”, concentra ahora los fondos destinados a la atención médica de los afiliados de IOMA. Este cambio, lejos de mejorar el servicio, ha generado múltiples denuncias por mala praxis, cobros indebidos y falta de controles sobre los profesionales y establecimientos médicos.

Mala praxis y médicos sin control

En Mar del Plata, los casos de presuntas irregularidades y mala praxis son alarmantes. Ariel Alberto Feijoo, afiliado a IOMA, relató que un médico flebólogo le exigió el pago de 300 dólares fuera de la cobertura para tratar un problema de várices, bajo amenaza de que la situación podría agravarse y derivar en una úlcera.

Otro caso resonante fue el de una afiliada que, tras someterse a procedimientos en la Clínica de Salud Digestiva, sufrió una grave infección causada por la negligencia del anestesista. Según su médico de cabecera, este error pudo haberle costado la vida.

Además, se reportan irregularidades en la habilitación de los médicos. Algunos profesionales que atienden en policonsultorios vinculados a ACEAPP no están matriculados ni inscriptos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), lo que genera dudas sobre sus credenciales y prácticas.

El negocio detrás de ACEAPP

ACEAPP es liderada por Silvana Fontana, quien también dirige RM Salud, una empresa que administra policonsultorios exclusivos para afiliados de IOMA. Este esquema permite a Fontana manejar fondos públicos desde ACEAPP mientras beneficia a sus propios establecimientos privados, generando un claro conflicto de intereses.

El caso de Fontana ilustra cómo la Provincia transformó la atención médica en un negocio, donde los intermediarios “amigos” concentran recursos sin una auditoría efectiva. “Mientras muere gente, la plata del IOMA va a parar a rentas generales de la Provincia”, denuncian afiliados.

El costo para los afiliados

La decisión de priorizar ACEAPP también impactó en la economía de los afiliados. Sin convenios con instituciones como el Centro de Estudios Digestivos o el Instituto Radiológico, muchos deben costear de su bolsillo estudios médicos que deberían estar cubiertos. En algunos casos, los costos ascienden a miles de dólares, dejando a familias en situaciones desesperantes.

Conclusión: Salud pública en jaque

La falta de controles y la evidente politización del sistema de salud en la Provincia de Buenos Aires han deteriorado gravemente la atención médica de los afiliados de IOMA. La connivencia entre el Ejecutivo provincial y ACEAPP pone en jaque el acceso a servicios de calidad, mientras los pacientes pagan el precio más alto: su salud y su economía.